Segunda parte
La conmemoración del Día Mundial del Agua coincide con la sequía cíclica por la que atraviesa la República Dominicana, como resultado de la falta de precipitaciones importantes que puedan aumentar el caudal de los ríos y el volumen de las presas, necesarios para el buen desarrollo de las actividades cotidianas de la nación, que dependen en gran medida del preciado líquido, un recurso de gran valor estratégico.

Al celebrarse tan importante fecha, cobra interés pasar balance a la iniciativa del Gobierno de Luis Abinader de impulsar la sustentabilidad y la seguridad hídrica del país, a través de la Propuesta: Compromiso Nacional para el Pacto por el Agua (2021-2036), donde se abordan las problemáticas que impactan el sistema hídrico y se plantean soluciones a corto, mediano y largo plazo, incorporando en la mesa de diálogo a sectores nacionales de primer orden.

En tal sentido cabe destacar que, el Gobierno tiene como uno de sus principales desafíos, dejar una impronta promoviendo la actualización y reintroducción en el Congreso Nacional de los anteproyectos de Ley de Aguas y de Ley de Agua Potable y Saneamiento, pues se requiere de una debida regulación, tocando aspectos atinentes al desarrollo urbanístico planificado y las áreas de vocación agrícola, que están estrechamente relacionados con los problemas de suministro y de desperdicio de agua que puede reutilizarse.

Lo anterior se trae a colación, porque en 2015 trascendió un estudio en el Congreso Internacional de Hidrogeología organizado por la Sociedad Dominicana de Geología (Sodogeo), el cual estableció lo siguiente: “El 80 % de las aguas subterráneas de Santo Domingo están contaminadas de materia fecal”. Este tema es bastante delicado, pues a raíz de los problemas de suministro de agua potable se han vuelto frecuentes la construcción o instalación de pozos sumergibles, como solución alterna, pero insegura, porque el agua no está tratada y llega con todas las impurezas que atentan contra la salud humana, porque algunos colindan con los pozos sépticos.

Por igual, la plataforma virtual el Dinero publicó el trabajo “Aguas residuales: Una descarga que afecta al medio ambiente, la salud y la economía dominicana”, con fecha del 29 de abril de 2022, en el que reveló, entre otras cosas que, “Nosotros tenemos un país lleno de contaminación en las aguas superficiales y subterráneas, lagos y lagunas (…) Es un problema serio”, de acuerdo con Leonardo Mercedes, experto en agua y saneamiento ambiental. Esa afirmación halla cabida en los datos servidos por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), al menos, en lo que respecta al Gran Santo Domingo. Mientras que, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido el aumento de los casos de cólera en diferentes latitudes y los brotes registrados en el país, eventos sanitarios a los que se podrían agregar otros asociados con la escasez de agua, el almacenamiento y el tratamiento inadecuado de ella.

Lo cierto es que el cambio climático, a partir de la degradación y depredación del medioambiente, continuarán incidiendo en la cantidad y la calidad del agua dulce disponible a escala global.

El Pacto del Agua es un proyecto de nación que forma parte del plan de Gobierno de Luis Abinader. Ahora que estamos con la situación de la sequía, que se prevé será más prolongada este 2023, el tópico cobra un mayor interés, por la reducción de los niveles de agua de las presas, además de que se requiere combustible para la generación hidroeléctrica y de todo el andamiaje relacionado con el suministro del preciado y estratégico líquido, y los hidrocarburos cada vez están más caros.

El panorama que tenemos amerita el consenso de todos los sectores integrados a la iniciativa del Pacto del Agua, siendo necesario poner en segundo plano las motivaciones particulares y las ansias de protagonismo, anteponiendo el interés nacional para darle a los dominicanos la seguridad hídrica que merecen.

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