Antoliano Peralta Romero

He seguido con atención la decisión del presidente Luis Abinader de designar a Antoliano como ministro del recién creado Ministerio de Justicia. No la interpreto como un mero acto administrativo, sino como una señal política e institucional que revela hacia dónde pretende orientarse el Estado dominicano en su relación con la ley y consigo mismo. Crear un ministerio puede ser un gesto vacío si no se le otorga densidad moral, inteligencia técnica y una idea clara de servicio público. En ese cruce de exigencias, esta designación adquiere sentido.

Conocí a Antoliano Peralta cuando ejercía la abogacía lejos de los focos del poder. Lo recuerdo porque no ha cambiado. Lo he vuelto a encontrar con la misma sobriedad, el mismo tono reflexivo y la misma resistencia a la estridencia, incluso después de ocupar posiciones de enorme responsabilidad. En un país donde el poder suele deformar el carácter, esa continuidad ética es una rareza valiosa. Estoy convencido de que ha sido uno de los colaboradores más sólidos que ha tenido Luis Abinader en los años recientes.

Su aporte no descansó en la astucia política ni en la retórica fácil, sino en el rigor jurídico y el respeto a la institucionalidad. Antoliano comprendió que el derecho no existe para legitimar decisiones ya tomadas, sino para ordenar el ejercicio del poder dentro de límites precisos. Esa convicción definió su paso por la administración pública.

Asumir el primer Ministerio de Justicia del país es un desafío excepcional. No es solo ocupar un despacho, sino edificar una arquitectura institucional, delimitar competencias, armonizar procedimientos y, sobre todo, reconstruir la confianza ciudadana en un sistema históricamente erosionado. Para esa tarea no basta el título profesional ni la ambición personal. Se requiere carácter, formación y vocación de servicio.

Antoliano Peralta reúne esas condiciones sin necesidad de proclamarlas.

Por eso su designación no parece una improvisación ni una concesión circunstancial. Es una apuesta deliberada por la seriedad institucional y por una idea cada vez más urgente: el Estado debe ser conducido por hombres que comprendan el peso de la ley antes que el brillo del cargo. El país pierde a un consultor jurídico excepcional, pero gana un ministro con principios. En tiempos de ruido y sospecha, esa ganancia no es menor: es, sin exageración, una inversión moral en el porvenir. Que honra a la república, fortalece instituciones y dignifica la función.