El precio de una justicia negociada

Entré a la escuela de derecho creyendo en la justicia. No como una idea elevada ni como una promesa abstracta, sino como una presencia concreta, casi silenciosa, que ponía límites y hacía posible la convivencia. En mi pueblo, Barahona, un lugar apartado del sur del país, la justicia no necesitaba grandes discursos. Era simple: quien dañaba respondía; quien abusaba era señalado. No siempre era justa, pero era comprensible. Tenía rostro, memoria y consecuencias. Algunos juristas encarnaban ese principio con sobriedad. No hablaban de moral, la practicaban.

Esa imagen no resistió el traslado a la capital. Allí la justicia dejó de parecer una experiencia humana y se transformó en una estructura cerrada. La ley que estudiaba no buscaba comprender, sino ordenar.

Aprendí pronto que el lenguaje jurídico no siempre sirve para decir la verdad, sino para administrarla. La norma sustituía al juicio moral y el procedimiento reemplazaba al sentido. La justicia ya no imponía límites: los organizaba.

Fue entonces cuando apareció la incomodidad. No como una rebelión abierta, sino como una sospecha persistente. La sensación de participar en un ritual que seguía funcionando, aunque hubiera olvidado su razón. Todo estaba en su lugar: códigos, expedientes, audiencias, sentencias. Y, sin embargo, algo esencial faltaba. La justicia había perdido gravedad. Ya no pesaba sobre los actos; flotaba sobre ellos.

Hoy esa pérdida es evidente. No solo porque la justicia sea lenta o ineficaz, sino porque se ha vuelto selectiva. Grandes empresarios y funcionarios públicos despojan al Estado de sumas imposibles de imaginar para el ciudadano común. Luego negocian. Devuelven una parte, firman acuerdos, muestran arrepentimiento ante las cámaras y regresan a sus casas. No hay encierro, no hay ruptura, no hay caída real. El castigo se reduce a una transacción. La responsabilidad moral desaparece. El daño se trata como un error contable.

Cuando el delito se vuelve negociable, deja de ser una falta y pasa a ser un cálculo. Se delinque midiendo riesgos, no límites. La delación, presentada como virtud cívica, no busca verdad ni reparación, sino eficacia. Acelera trámites, diluye culpas y extiende el olvido. El tiempo se vuelve aliado del culpable. La memoria social se desgasta. La indignación se fatiga. Al final, nadie recuerda el origen del juicio, solo su cierre administrativo.

En paralelo, los partidos políticos incorporan a estos culpables sin pudor. No se esconden. Se exhiben.

Desfilan como figuras respetables, convertidos en aliados estratégicos. El poder los absuelve antes que la ley. La corrupción deja de ser una falta y se convierte en credencial. Lo que antes provocaba vergüenza hoy produce conveniencia. Lo intolerable se vuelve habitual. Y lo habitual, invisible.

En este escenario, la justicia pierde su función más elemental: establecer un límite común. Castiga al débil con rapidez y absuelve al fuerte con paciencia. El que roba millones negocia; el que roba un pollo conoce la cárcel antes que el perdón. La ley se mantiene en pie, pero vacía. Se obedece por costumbre, no por convicción. Así se forma una sociedad cansada, no rebelde, resignada. Una sociedad que ya no espera justicia, solo sobrevivir dentro de la incoherencia. Pero incluso la resignación tiene un punto de quiebre.

Sin una justicia firme, no hay comunidad, solo coexistencia forzada. No se trata de venganza, sino de claridad. De una justicia que no negocie su autoridad ni se someta al poder económico o político. Cuando la justicia se vacía, no aparece la libertad. Aparece el absurdo. Y frente al absurdo, el silencio no es neutral: es complicidad.

Demuéstrame que estoy equivocado…