Una manifestación de ciudadanos de ascendencia haitiana y acompañantes ha provocado encendidas reacciones que parecen convertir una cosa pequeña en algo grande, expresión de que los auspiciadores de la misma probablemente lograron su propósito, que es reeditar el debate sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) y sus consecuencias. Hay un hecho cierto: Pese a que el Estado dominicano, a través de sus órganos aprobó la ley 169-14 bajo una fuerte presión internacional y creó todos los instrumentos para conceder derechos a los descendientes de haitianos que se establecieron irregularmente en el país desde 1929, con una alta inversión, los beneficiarios, y especialmente sus favorecedores, no hicieron las diligencias debidas para que el proceso resultara exitoso.
Pusieron en primer plano la denuncia contra la sentencia. Y convirtieron una cuestión estrictamente jurídica en un problema político que afectó la imagen de la República, que llegó a ser amenazada con el aislamiento internacional, y además, en una clara conspiración, tensó las relaciones domínico-haitianas.
Las autoridades haitianas fueron las primeras en incumplir su obligación de emitir documentos en favor de inmigrantes ilegales. En el caso de los descendientes de haitianos nacidos en el país, que por efecto de la sentencia vieron agravar su situación, las Onegés prefirieron manipularlos para que tampoco cumplieran con el debido proceso.
Esas Onegés, en vez de trabajar dignamente, prefirieron las campañas y se desentendieron de acompañar a los pobres trabajadores haitianos en las labores de registro o de naturalización. Malgastaron el tiempo hablando de xenofobia y discriminación.
Es cierto que a un amplio segmento de los inmigrantes no les interesa la documentación, por ignorancia o porque han vivido así toda la vida, sin ser molestados. Muchos de quienes calificaban para beneficiarse de la ley 169-14 no lo hicieron porque no recibieron la asistencia adecuada.
Los culpables del drama son las mismas Onegés y acompañantes nativos que no cumplieron su deber. Es una deshonestidad pretender reabrir un tema cerrado.
La sentencia 168-13 marcó un antes y un después. La ley de Migración, la 169-14, y las demás normas reglamentarias, proveen los instrumentos para resolver cada caso. No se debe hacer el juego a quienes pretenden reeditar aquellos días aciagos.
No hay nada que discutir.
