Como todos los años, casi es un ritual, recibimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) críticas que rayan en la ofensa, como si ignorara la potestad soberana del Estado dominicano de determinar su política migratoria.
Es una facultad que no tiene margen de discrecionalidad, de conformidad con los dictados de la Constitución, legislaciones nacionales, protocolos migratorios internacionales y los derechos humanos.
Estas injustas acusaciones obvian todo cuanto tiene que soportar el pueblo dominicano por la permanente crisis en Haití, con hambruna, miseria y violencia que empujan hacia nuestro lado de la frontera una migración irregular masiva.
Responder a las necedades de la CIDH pudiera parecer una pérdida de tiempo, pero hay que hacerlo y nunca bajar la guardia ante el permanente acecho de los enemigos internos y externos, porque esa gente no duerme; hace pocos días resurgió, “de la nada”, la pretensión de adherir nuevamente a la República Dominicana a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH).
Ambas entidades, en lo que respecta al tema migratorio, han exhibido parcialidad y quisieron trazarnos pautas, para ello tienen su quinta columna, malos dominicanos, complacientes y vendepatrias.
Suscribimos el texto del comunicado con el que la Cancillería rechaza esta nueva afrenta de la CIDH, que en uno de sus párrafos plantea: “Las medidas adoptadas por el Gobierno dominicano responden a la necesidad legítima de gestionar de manera ordenada un flujo migratorio extraordinario para evitar el impacto negativo que este genera en la cohesión social y sobre el gasto en servicios públicos. Ningún Estado puede ser obligado a asumir la protección o provisión de servicios de la población de otro Estado ante el colapso del segundo”.
Nuestra postura como medio de comunicación defensor de los mejores intereses nacionales la hemos expresado en toda coyuntura, y lo reiteraremos cuantas veces sea necesario: solidaridad con los que huyen de la miseria y la inestabilidad en cualquier parte del mundo, pero exigimos respeto a las fronteras y al derecho soberano de cada nación.
Estamos alineados con la inmensa mayoría del pueblo dominicano, que considera odiosa la práctica de estos organismos internacionales cuyas denuncias no responden a la realidad.
