Debido al tráfago noticioso de la semana anterior pasó inadvertido un hecho que ojalá se convierta en rutina del Ministerio de Educación (Minerd) cada vez que dirigentes del gremio de los maestros pretendan paralizar la docencia.
El Minerd accionó contra la ADP, desde su consultoría jurídica, mediante un recurso de amparo en la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Duarte. El tribunal ordenó que ese gremio se abstuviera de cualquier acción huelguística que limite o vulnere los derechos de los estudiantes.
Surtió efecto la presión; la ADP en San Francisco de Macorís dio marcha atrás y llevará sus demandas, baladíes por cierto, al diálogo. ¿Cuál es la petición por la que se intentaba afectar a una matrícula de 85 mil alumnos? Nombrar más docentes, personal de apoyo y mejor calidad en la alimentación escolar.
Demandar ante los tribunales persistentemente a las direcciones locales de la ADP es una de las vías que debieran utilizarse. Ya lo hicieron con éxito padres de estudiantes del Distrito Educativo 03 de Barahona, organizados en la Asociación de Padres, Madres y amigos de la Escuela (Apmaes), cuya acción de amparo fue acogida por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia número 0064/19, que establece que cuando la ADP abandona las aulas desorienta al estudiante y altera la planificación y el estado emocional de la familia.
Acudir a los tribunales probó ahora en la provincia Duarte, como en 2019 en Barahona, que puede ser un canal efectivo para responder a los recurrentes paros de la ADP.
En el caso de la seccional de la ADP y su presidente en SFM, la Primera Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia Duarte fijó un astreinte de RD$15 mil por cada día de retardo en levantar el paro.
Ha sido valiente el ministro de Educación al recurrir ante los tribunales, lo que debiera repetir ante cada convocatoria a paro y en esto la sociedad no debiera dejarlo solo.
Si el ministro se viera compelido a especializar y dotar de recursos adicionales a un área de su departamento jurídico, que lo haga, porque así se conserva la esperanza de que la ADP no continúe estropeando el futuro de niños y jóvenes pobres que tienen en la escuela pública la única esperanza de un mañana mejor.
