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El Gobierno hace bien al retirar el Proyecto de Ley Integral de Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. Con esa actitud recoge un clamor generalizado y frena el revuelo provocado por la iniciativa legislativa.

El error, el retiro así lo indica, radicó en solo atender a la loable intención de procurar mecanismos de cooperación para proteger la dignidad humana y los derechos de personas migrantes y perseguir y sancionar el delito del tráfico ilícito.

Pero ignoró la particularidad histórica de que ningún otro país de los que pueden asumir el Protocolo de Palermo tiene a Haití de vecino ni es una isla con dos naciones tan dispares. Ni tiene tantas situaciones cotidianas que involucran a haitianos con las que se podría denunciar al país como promotor de trata de personas.

En la redacción de proyectos de este tipo no se puede apelar a recetas generales. Tampoco atar al país a compromisos internacionales que podrían crearle al Estado dominicano cargas que desborden sus recursos, o su capacidad de respuesta a situaciones en nuestra frontera terrestre.

La mejor manera del Gobierno evitar que se desnaturalizara y politizara el tema, era proceder como hizo en junio del año pasado en la Cumbre de Las Américas en Los Ángeles. Allí se negó a firmar la declaración final sobre refugiados porque significaría dar ese estatus a los migrantes haitianos, con una vaga promesa de financiamiento y asistencia internacionales.

La discusión de ahora no es nueva. Se debe recordar que a finales del 2014 el Gobierno, contraviniendo a la ONU y a otros organismos y acuerdos internacionales, tampoco firmó en Marruecos el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, con argumentos similares a los enarbolados en Los Ángeles.

Ante los problemas concretos de nuestra realidad concreta, sin dejar de lado la protección de la dignidad humana y los derechos de los migrantes, República Dominicana no debe variar ni sujetar su política migratoria a protocolos y estándares internacionales.

La premisa en esta temática es priorizar la seguridad y bienestar del pueblo dominicano, la defensa de su Constitución y sus leyes.

Es una posición de principios que no quita que se busque en la sociedad el consenso que pretende lograr el Gobierno en 45 días, pero se puede adelantar que el mismo parece imposible de alcanzar en las actuales circunstancias.

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