El acto de firma del Pacto Eléctrico fue pospuesto para inicio del próximo año. Todo parece indicar que su aplazamiento está asociado a la posición asumida por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AEIH) de no firmarlo, bajo el alegato de que no contiene los temas relevantes para transformar la precaria situación del sector eléctrico nacional. Sin embargo, hay evidencias de que todos los temas propuestos fueron debatidos durante más de tres años de discusión intersectorial y búsqueda de consenso. La ausencia de algún tema relevante responde a que no fue formalmente propuesto en las asambleas o a que no alcanzó el consenso necesario.

El Pacto Eléctrico logrado no fue el ideal, pero sí el pacto posible; el que permitió la actual correlación de fuerzas representadas en el Consejo Económico y Social (CES) y en las asambleas donde se llevaron a cabo los debates. Carece de objetividad el demérito de la totalidad del documento consensuado. El Pacto Eléctrico presenta avances en temas como el compromiso con un plan de reducción de pérdidas en el sector, la institucionalización y mayor eficiencia de las Empresas Distribuidoras, una mayor transparencia en el sector o el establecimiento de mecanismos de seguimiento y fiscalización. La existencia de un pacto no cierra la discusión sobre nuevas propuestas a ser consideradas para la mejoría del sector eléctrico.

Esta situación debe servir de aprendizaje sobre los factores a tener en cuenta en un proceso de diálogo. Recordemos que de los tres contenidos en la END, aún queda pendiente el Pacto Fiscal.
Además, la democracia es en sí misma un proceso constante de diálogo y construcción de consensos. Un pacto implica un proceso de negociación entre actores, con visiones e intereses diversos. A este se va con la intención de disuadir sobre las bondades de nuestras propuestas y de ceder en aquellos puntos donde no es posible convencer. Para ello, los actores deberán desarrollar capacidades que les permitan llegar preparados a los debates.

El mayor reto lo tienen las organizaciones sociales y laborales, quienes tienen la tarea de defender a aquellos sectores con menos ingresos y poder. Crear las condiciones para una participación más efectiva en el diálogo lleva a romper con la asimetría en materia de acceso a información y de conocimientos en relación con otros sectores. Desde ya se debe avanzar en la constitución de espacios de articulación que permitan la formulación de propuestas bien elaboradas que sean tomadas en cuenta. No se puede volver a improvisar de cara a diálogos tan importantes como el del Pacto Fiscal, la reforma de la Seguridad Social o el Código Laboral.

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