El Estado de Derecho en marcha: WJP

César García Lucas
Secretario General, Suprema Corte de Justicia
El artículo 7 de nuestra Constitución no es una declaración de intenciones. Es una norma jurídica vinculante que define al Estado dominicano como Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana y la separación e independencia de los poderes públicos. El artículo 8 completa el cuadro: es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de la persona, para que pueda perfeccionarse “de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social”. John Locke lo anticipó siglos atrás: “El fin principal de los hombres que se unen en comunidad es la preservación de su vida, su libertad y sus bienes.” No puede haber Estado Social de Derecho sin justicia accesible, eficiente e igualitaria. Por eso, cuando el World Justice Project (WJP) certifica que la República Dominicana logró el mayor avance mundial en Estado de Derecho en el período 2021–2025, la noticia no es solo de los tribunales: es del proyecto constitucional del país entero.

El país escaló del puesto 86 al 76 entre 143 naciones evaluadas, con avances significativos en siete de los ocho factores del índice, entre ellos los límites al poder del gobierno, la justicia civil y la justicia penal. Un índice construido sobre la experiencia de más de 154,000 ciudadanos y 3,600 expertos jurídicos. No es un gobierno evaluándose a sí mismo. Es la voz de quienes viven el Derecho en su cotidianidad.

Lo que el índice mide es el grado en que el Estado cumple sus obligaciones constitucionales con las personas. Uno de los mayores impulsos al progreso proviene del fortalecimiento del sistema de justicia penal, con mejoras en el debido proceso, la no discriminación y la eficiencia procesal, asociadas a la implementación del sistema de gestión de casos y la reducción de la mora judicial. Detrás de esos números hay personas que obtuvieron justicia en menos tiempo. Hay una promesa constitucional que se fue convirtiendo en realidad.

El contexto global hace el logro más elocuente. En los últimos siete años, más del 60% de los países han debilitado el Estado de Derecho, principalmente por el deterioro de los pesos y contrapesos y el cierre del espacio cívico. Que la República Dominicana nade contracorriente no es casualidad: es el resultado de una apuesta sostenida por la independencia judicial y la reforma estructural del sistema de justicia.

Pero porque el Estado Social de Derecho es un mandato constitucional y no un título honorífico, el avance obliga a más, no a menos. El propio director del WJP lo advirtió: “Sin duda hay mucho por hacer. La República Dominicana ocupa todavía el puesto 76 entre 143 países.” El acceso real a la justicia —el que hace la diferencia en la vida de un trabajador, de una familia, de quien litiga frente al Estado— sigue siendo la frontera más exigente.

El Estado Social de Derecho no se mide en posiciones de un ranking. Se mide en la experiencia de la persona que accede a un tribunal y recibe justicia pronta, cumplida e igualitaria. El WJP nos dice que vamos bien. La Constitución nos exige que sigamos.