El financiamiento de la democracia

El financiamiento de los partidos políticos ha sido un tema de creciente interés para las democracias contemporáneas, por su influencia transversal que sobrepasa una visión inmediata sobre el ingreso y los gastos de partidos políticos y candidatos. El financiamiento es vital para la sobrevivencia de los partidos políticos y para su acción permanente que incide en la vida política de la comunidad.

El financiamiento público reduce su dependencia de los grupos de intereses económico y los hace menos vulnerables al crimen organizado. Por el lado negativo, este tipo de financiamiento puede crear una fuerte dependencia estatal y llevar a la pérdida de contacto con la sociedad (Gidlund, en Zovatto, 2007).

La legislación latinoamericana en materia de financiamiento a los partidos políticos tiende a favorecer el financiamiento mixto, que combina financiamiento público y privado, con distinto alcance y nivel de restricción.

En el caso de la República Dominicana, fue en 1997, cuando se promulgó la ley 275-97 que estableció por primera vez el financiamiento público directo a los partidos políticos en República Dominicana; la misma, establecía en su artículo 48, que los partidos políticos recibirían por financiamiento público directo en años de elección el 0.50% del presupuesto anual del Gobierno y en año no electoral el 0.25%; de esta cantidad el 25% se otorgaba por igual a los partidos políticos con registro y el 75% dependía de su fuerza electoral (porcentaje de votos obtenidos en las dos últimas elecciones).

El financiamiento de las campañas electorales es uno de los ámbitos del derecho electoral-constitucional que refleja con mayor claridad la necesidad de contar con controles públicos que fomenten la igualdad de oportunidades para los actores del sistema, encargados de velar por el fortalecimiento de la democracia, como lo son los partidos políticos; el financiamiento político es un factor esencial de la democracia, la gobernabilidad y el desarrollo. Con independencia de si las elecciones de un país son impecables, de si su sociedad civil es activa, de si existe pluralidad de partidos políticos y de si sus autoridades nacionales son responsables, el dinero en la política influye de manera innegable en la calidad de la democracia y el Gobierno.

Para fortalecer nuestra democracia debemos contar con actores fuertes, con personal preparado para que al momento de desempeñar una función pública la haga apegada a lo único importante para un ciudadano, la Constitución y las leyes de su nación; para exigir representantes con responsabilidades y capacidades debemos de darles las herramientas que la misma democracia prevé.

Uno de los pilares fundamentales para asegurar equidad es la forma en que se financian los partidos políticos, especialmente cuando no hay procesos electorales abiertos. Así, el financiamiento político tiene un impacto directo en la competencia, la transparencia y la integridad del sistema democrático, y en la subsistencia de los actores que forman parte de ese sistema para participar en igualdad de condiciones en las futuras contiendas electores.

La eficacia y el control del uso de los fondos públicos en República Dominicana es crucial para garantizar la transparencia y la integridad en los procesos electorales; pero no debemos de olvidar que la democracia se sostiene en los pilares de los partidos políticos, como lo reconoce la Constitución en su artículo 216 y que el financiamiento público de los partidos representa una apuesta por la equidad democrática.