En sociedades marcadas por profundas desigualdades económicas, educativas y territoriales, el discurso populista encuentra un terreno fértil.
Cuando amplios sectores de la población se sienten excluidos del progreso, desatendidos por las instituciones o invisibles frente a las élites, surge una demanda legítima de justicia y representación. El problema no es esa demanda; el problema aparece cuando dicha frustración es capitalizada mediante un discurso simplista y un liderazgo oportunista y miope.
El populismo, entendido como estrategia política basada en esa polarización de la sociedad, puede tener una capacidad movilizadora poderosa. Latinoamérica tiene vastos ejemplos de líderes que crearon su legitimidad sobre la promesa de reivindicar a sectores históricamente marginados. Sin embargo, cuando el discurso sustituye la institucionalidad y la complejidad técnica por consignas emocionales, como ocurre frecuentemente con el uso de las redes sociales, se genera un riesgo estructural erosionando los contrapesos democráticos.
En contextos de grandes brechas sociales, basado en falsas promesas, clientelismo y el uso indebido de las redes sociales, el populismo tiende a presentar soluciones inmediatas, generando influencias, que crean supuesta solución a problemas estructurales de largo plazo, terminando por agravarlo.
El populismo esencialmente promete redistribuciones rápidas, transformaciones radicales o castigos ejemplares a supuestos enemigos del pueblo. Esta simplificación produce tres peligros principales: Primero, debilita la confianza en las instituciones, al presentarlas como instrumentos de opresión en lugar de espacios de reforma. Segundo, fomenta la polarización social, dividiendo a la ciudadanía en bandos irreconciliables (“popis” y “wawawa”). Tercero, concentra el poder en liderazgos carismáticos que se presentan como la encarnación exclusiva de la voluntad popular, mayormente oportunistas con ambiciones malsanas y carentes de escrúpulos.
En sociedades desiguales, como la nuestra, donde el resentimiento puede ser profundo, sobre todo después de la pandemia del COVID, esta narrativa puede llevarnos en una dinámica cercana a lo que el historiador Polibio denominó oclocracia “la degeneración de la democracia cuando las emociones colectivas sustituyen el imperio de la ley”.
La indignación social, aunque legítima, puede ser instrumentalizada para justificar decisiones precipitadas, debilitamiento institucional o persecución política. Terminando por ampliar la brecha social y afectando el clima económico, político y social, con la consecuente pérdida de valor colectivo.
El mayor peligro no es la crítica a las élites —que en muchos casos puede estar justificada— sino la eliminación del pluralismo, cerrando espacios de advenimiento social y político, instalando la idea de que solo una voz representa al pueblo auténtico, erosionando la diversidad democrática. La oposición deja de ser adversario político para convertirse en enemigo moral y mortal. Y en una sociedad ya fragmentada por desigualdades, esa lógica profundiza las heridas en lugar de cerrarlas.
En conclusión, en contextos de grandes brechas sociales el populismo puede presentarse engañosamente como una respuesta atractiva y emocionalmente satisfactoria. No obstante, si no está acompañado de fortalecimiento institucional, políticas públicas sostenibles y cultura democrática, puede agravar la polarización y debilitar el Estado de derecho.
La verdadera solución a la desigualdad no radica en la simplificación del conflicto, sino en la construcción paciente de instituciones inclusivas, responsables y capaces de generar movilidad social real.
