Energía suficiente para el sustentar turismo

He escuchado voces quizás movidas por inspiración política, que cuestionan el proceso seguido para la instalación del complejo energético de Montecristi. He analizado el tema utilizando informes técnicos y el sustento legal. Quizás, se convierte en campaña política un asunto de alto interés nacional.

La información disponible indica que las pasadas autoridades no tomaron las previsiones para asegurar que la generación de electricidad respondiera al crecimiento de la demanda. Los déficits se resolvían con apagones programados. Incluso se crearon categorías de sectores según la cantidad de horas de suministro de electricidad.

Las nuevas autoridades decidieron asumir la responsabilidad de suplir energía a toda la población. La situación heredada obligó, en medio de la crisis mundial provocada por la pandemia, a tomar decisiones para asegurar suministro de energía.

Primero, contratar generación rápida, de emergencia, mucho más cara que la construcción de nuevas plantas modernas a gas natural, menos dañinas para el medio ambiente. Generadoras instaladas en barcos. Una de ellas ancló en la Bahía de Ocoa y ha querido señalarse como responsable de la mortandad de especies marina en la zona.

Segundo, iniciar una licitación para el desarrollo de un grupo de generadoras para producir 800 megavatios. Las empresas ganadoras se obligaban a iniciar la producción en 48 meses a partir de la aprobación. Así se aseguraba el suministro de energía suficiente para la demanda proyectada para el 2025 – 2027, sustentar el crecimiento de la economía y la demanda para uso doméstico.

La licitación salió al final del primer semestre del actual Gobierno. Cuando se proyectaron las condiciones, no se había proyectado aún el alto y alarmante impacto de la pandemia en el comportamiento de la producción, los mercados y el intercambio comercial a escala mundial.

Escogida la propuesta que presentó mejores condiciones económicas y garantías, de un consorcio con participación de empresas dominicanas, comenzó a sentirse el impacto de la crisis mundial, en la producción de equipos, y el precio de los combustibles.

Este nuevo escenario obligó al Consejo de Administración Unificado de las Empresas de Distribución de Energía (EDES) a revisar el proyecto de contrato de compra de energía acordado con el ganador. Las leyes y normativas contemplan la posibilidad de revisar los contratos cuando ocurren estos cambios, para restablecer el equilibrio económico y asegurar el beneficio pactado.

El Gobierno podía negarse a revisar el contrato para asumir los cambios debidos a la crisis, pero hubiera provocado un conflicto que retrasaría muchísimos meses, un proyecto imprescindible para apoyar al crecimiento del turismo, la economía y el consumo doméstico. El consorcio ganador, apoyándose en las leyes vigentes, podría dar una larga batalla. Además, los demás participantes con costos más elevados, estaban sometidos a las mismas presiones creadas por la alteración de los mercados.

Ante esta realidad la mejor decisión fue asumir el nuevo escenario, aumentar el 7.9% al precio de compra de la energía y asegurar que el ganador inicie la producción en el tiempo comprometido. Sin esa energía no es sustentable el crecimiento económico y turístico.