El 16 de agosto del 2017, me referí en esta columna a lo que estaba en juego entonces en Venezuela. No era el principio de autodeterminación de los pueblos, con los cuales los aliados del chavismo pretendían justificar el recrudecimiento de una dictadura militar que empobrecía a uno de los países más ricos en recursos naturales del planeta.
En las difíciles circunstancias prevalecientes allí, tampoco había espacio para un diálogo razonable. Tampoco posibilidad alguna de solución mediante un proceso eleccionario, porque los resultados no serían reconocidos por la dictadura mientras les fueran desfavorables. Lo hechos me dieron la razón.
El chavismo encarcelaba a los líderes de oposición, inhabilitaba políticamente a sus adversarios, controlaba el poder judicial, despojaba de toda atribución legal a un parlamento elegido por una mayoría abrumadora y promovía una constituyente fraudulenta para terminar de asumir el absoluto control de la vida de la nación. Resultaba por tanto chocante que cuatro expresidentes extranjeros pretendieran desconocer tan cruda y dolorosa realidad, fomentando un diálogo imposible que sólo tendría por propósito garantizarle al chavismo su permanencia en el poder.
La parcialidad de esos cuatro expresidentes ( Leonel Fernández, Martín Torrijos, de Panamá; Rodríguez Zapatero, de España y Ernesto Samper, de Colombia) lo invalidaban ante la comunidad democrática para cumplir con el papel que se proponían, a pedido y obviamente a favor del gobierno de Nicolás Maduro. Su falta de autoridad se sustentaba en haber mirado hacia otro lado y guardar total silencio ante los atropellos cometidos por la dictadura militar contra las instituciones y el pueblo venezolano.
Ninguno dejó escuchar su voz para condenar las violaciones de principios democráticos que los cuatro alegaban defender. Y en mi columna citada de entonces, predije que ese silencio quedaría como un legado una vez la democracia se impusiera en Venezuela.
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