La crisis con Haití

Las relaciones entre Haití y la República Dominicana siempre han sido conflictivas. Sin tener que hurgar en un pasado lejano, basta recordar que incluso recobrada la democracia el país no ha podido librarse de tensiones y discrepancias con los gobiernos de la vecino nación.

En 1963 Juan Bosch amenazó con bombardear Puerto Príncipe si en un plazo de veinticuatro horas el dictador Duvalier no retiraba las fuerzas militares que rodearon y ocuparon la embajada dominicana en esa ciudad; a finales de los 80 y principios de los 90 del pasado siglo Joaquín Balaguer vivió en crisis permanente con las acusaciones que se enrostraban al país de propiciar el trabajo forzado de braceros haitianos en los ingenios azucareros; y ya en pleno siglo XXI Leonel Fernández fue víctima de un atentado de “fuerzas incontrolables” cuando realizaba una visita a la capital haitiana.

En el presente, el gobierno de Luis Abinader afronta una nueva crisis como resultado de la decisión haitiana de construir un canal que hará uso de las aguas del río Dajabón o Masacre, un río que fluye principalmente por territorio dominicano, pero que penetra unos cuantos kilómetros a tierras de Haití.

La protesta no se ha hecho esperar porque el Tratado de Amistad firmado entre los dos países en 1929 dispone claramente que cualquier uso de las aguas de los ríos transfronterizos debe ser necesariamente acordada por ambas partes, y resulta que, en el caso que nos ocupa, Haití no ha consultado ni acordado la construcción de ese canal con las autoridades dominicanas.

El Gobierno dominicano dio un plazo de cuarenta y ocho horas para que Haití detuviera la obra, pero como no lo hizo, vencido el término de dicho plazo el presidente de la República ordenó el cierre de la frontera y su militarización, con el consiguiente perjuicio que dicha medida representa para el intercambio comercial entre los dos países.

Desde luego, a nadie se le ocurrirá que esas represalias pasarán a mayores, como sería un bombardeo de destrucción al susodicho canal o una intervención armada dominicana, por lo que a no dudar el conflicto terminará con una negociación que muy posiblemente se llevará a cabo impulsada por un organismo internacional. Ya la Organización de Estados Americanos (OEA) la ha ofrecido, aunque el Gobierno dominicano la ha subordinado a que se paralicen los trabajos de construcción del canal.

Mientras tanto, surgen las voces airadas de comerciantes y productores dominicanos que se sienten amenazados en sus intereses por la interrupción del flujo comercial y hasta una gran empresa, como Codevi, sita en Haití, pero con insumos provenientes de la República Dominicana ve en peligro su subsistencia.

¿Hasta cuándo podrá mantenerse la medida del cierre de la frontera? No lo sabemos, pero lo que sí podemos afirmar es que la rehabilitación del canal de La Vigía, en las cercanías de la frontera, terminará por conducir a las partes a sentarse a la mesa de negociaciones.

Ahora bien, esta nueva crisis con Haití debe servir para reflexionar sobre las relaciones tradicionales que el país ha mantenido con el vecino y desde ya adoptar las medidas pertinentes que le permitan vivir en armonía y sin sobresaltos continuos.

Reabierta la frontera el Gobierno debe combatir el tráfico ilícito de personas. A la frontera hay que reglamentarla, someterla al orden, acabar con las mafias civiles y militares que se lucran con el comercio humano de pobres parturientas y trabajadores desesperados, pues solo así podrá terminarse con el flujo ilegal de ciudadanos haitianos angustiados por el hambre que compran un pase para llegar a la República Dominicana.

Los consulados en Haití deben ser sometidos al orden institucional, o es que desconocemos que en tan solo tres años de este gobierno se han dado 376 mil visas a ciudadanos haitianos. Otro comercio ilícito que debe ser erradicado.

Los mercados binacionales en el sur y en el norte de la frontera deben ser organizados, de tal modo que se controle biométricamente a los ciudadanos haitianos que ingresan a ellos y se les imposibilite usarlos como trampolín para penetrar en el territorio nacional.

La aplicación de la norma legal que obliga a los empresarios a utilizar un 70% de mano de obra dominicana solo podrá aplicarse cuando la construcción y los trabajos agrícolas se tecnifiquen y mecanicen, pues son labores rigurosas que difícilmente sean realizadas por una persona que goza de otras oportunidades. En ese sentido, el gobierno debe lanzar un plan para ayudar a estas empresas a dejar atrás el trabajo manual y embarcarse en una mecanización de sus labores.

Asimismo, la ley de migración debe aplicarse y con ello lograr que se provea al trabajador haitiano de la correspondiente tarjeta de trabajo temporal cuando se trata de una empresa de naturaleza estacional o de la constancia que lo acredita como asalariado de trabajos continuos.

Si eso no se hace, en los años venideros seguiremos con las crisis.