Hay un chiste muy viejo en el que un niño le pregunta al papá cuál es la diferencia entre lo real y lo virtual. Tras las recientes recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica Para América Latina (Cepal) respecto a la necesidad de que la región invierta el 4.7% de su Producto Interno Bruto en políticas de cuidados hasta 2035 pasa algo similar. Una cosa es el deber ser y otra la realidad. Virtualmente tenemos una oportunidad muy grande con la economía del cuidado, realmente tenemos una crisis económica en la que cada peso hay que estirarlo.
Lo que dicen los organismos internacionales sobre los cuidados
La Cepal y la OIT señalaron que para que los países de Latinoamérica y el Caribe alcancen los estándares internacionales en temas como licencias, servicios de cuidado infantil y atención de larga duración antes de 2035; tienen que destinar alrededor del 4.7% de su PIB anual. De acuerdo a sus datos, esta inversión tendría un retorno en generación de empleo, retorno fiscal y autonomía de las mujeres.
La Cepal indica que estas políticas podrían generar alrededor de 31.3 millones de puestos de trabajo. De estos, 10.6 millones estarían centrados en servicios de cuidado infantil y 20.7 millones en cuidados de larga duración. Y lo más importante de todo, el 88 % de esos empleos estarían en condiciones de formalidad; lo que golpea directamente el problema de la falta de formalización en países como República Dominicana.
El trabajo no remunerado en la región equivale a más d 210 millones de empleos, de acuerdo con los datos del banco Interamericano de Desarrollo. Eso es igual a más de 20 veces la población total de la República Dominicana. También es igual a decir que las mujeres en Latinoamérica y El Caribe destinan 8,400 millones de horas a las tareas de cuidado; lo que las hace caer en la llamada “pobreza de tiempo”.
Ese es el origen de parte de las recomendaciones hechas por estos organismos, respecto a la inversión en políticas de cuidados. A esto se suma el cambio radical que está teniendo la forma de producción del mundo, a partir del avance vertiginoso que están teniendo las nuevas tecnologías y la demanda de capacidad de inversión en calidad de vida, para sostener el ritmo de desarrollo al que aspiran nuestros países.
El reto de República Dominicana para esta inversión
Si habrá mayor retorno fiscal, reducción de la informalidad y, sobre todo, más autonomía para las mujeres, lo más acertado es hacer esa inversión que señalan la Cepal y la OIT. Sin embargo, tal como en el chiste de lo virtual y lo real, el padre plantea escenarios posibles, en condiciones puntuales y luego los contrasta con lo que hay en realidad; en el caso de la República Dominicana sucede lo mismo.
Como pasa en otros países de la región, las mujeres dominicanas cargan con más del 85% de las labores de cuidado. En el caso de las mujeres con discapacidad visual, esta proporción puede llegar a ser mayor. Las mujeres con ceguera, por lo regular, deben aparcar sus oportunidades de formarse para cuidar los hijos de sus hermanos, sus abuelos y cualquier otro familiar, sin compensación de ningún tipo.
Pero, desde 2021, el país ha estado invirtiendo en impulsar la Política nacional de Cuidados. Y contrario a lo que suele suceder en la cosa pública, en esta ocasión se está haciendo bajo los criterios más efectivos de ejecución de políticas públicas. Es decir, ha habido mesas de consultas, equipos de trabajo multisectorial, coordinación interinstitucional y una planificación paso a paso.
A diferencia de lo que pudiera verse en un país de fantasía, esta política no fue una idea repentina que se le ocurrió a alguien mientras dormía en un vuelo o durante una conversación sobre una serie. En este contexto ha habido estudios técnicos, proyecciones y lo más importante, se partió de un piloto que debería servir para expandir el alcance de la iniciativa a todo el país.
Los resultados han sido prometedores. Esto es innegable. Y con todo, el país tiene al menos tres grandes retos importantísimos, no solo para destinar el 4.7%, también para llegar a término con las metas que se ha propuesto en este momento.
De un lado, es innegable que la coyuntura internacional ejerce presiones inauditas a la economía del país. Basta con ver que en el reciente conflicto entre los jueces y el Poder Judicial, el ministro de hacienda, Magín Díaz, fue quien tuvo que salir a explicar que el presupuesto nacional no puede responder efectivamente a las demandas salariales de los magistrados.
Más aun, el mismo ministro ha indicado que la República Dominicana no tiene capacidad para honrar todos los compromisos de inversión público que establecen las leyes. Esa es la discusión alrededor de la indexación salarial y de otros porcentajes de inversión del PIB, como salud y medioambiente.
A esta situación, hay que unirle la cuestión fiscal. De un lado, la evasión es altísima, a pesar de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha estado hablando de mejoras en la recaudación. De otra parte, desde hace unos 15 años, ningún gobierno ha se ha atrevido a impulsar una reforma fiscal honesta y responsable. El miedo al costo político es tan alto, que la decisión se convierte en la papa caliente que todo el mundo se pasa de mano en mano.
Entre pitos y flautas, la falta de modernización del sistema tributario dominicano sigue contribuyendo a la evasión y es parte de la falta de solvencia del Estado para temas prioritarios. Y en otro elemento fundamental está la falta de criterio en los subsidios.
Y antes de que aparezca algún libertario anti protección social: no estoy en contra de los subsidios. Entiendo que todas las sociedades, principalmente las economías de renta media como la nuestra, requieren que poblaciones vulnerables cuenten con mecanismos de protección no contributiva, sea en forma de tarjeta, de bono o de exoneraciones fiscales.
Sin embargo, estas medidas deben sustentarse en estudios específicos. La equidad parte de criterios técnicos que permitan que las personas reciban aportes que contribuyan a su bienestar y salida de la vulnerabilidad, no a catalizadores de la pobreza.
Pero aquí, como herencia de los autoritarismos históricos, seguimos perpetuando las dinámicas de fidelización populista. Eso nos impide darle a los subsidios un enfoque de justicia social efectiva. Y en consecuencia, generamos un agujero más para el presupuesto.
Dicho todo esto, es evidente que estamos de acuerdo en que sería altamente efectivo invertir en la economía del cuidado. Suena razonable 4.7% del PIB, a cambio de más empleos, más retorno fiscal y mucha más autonomía para las mujeres, con todo lo que esto implica para la inclusión social.
Si todo eso se diera, virtualmente podríamos decir que tenemos un país más equitativo e inclusivo. Realmente, lo que tenemos es un país con poca solvencia económica y completamente renuente a hacer los ajustes necesarios para mejorar.
Mujeres
Como pasa en otros países de la región, las mujeres dominicanas cargan con más del 85% de las labores de cuidado.
