Las reglas de la defensa política en tiempos digitales

Jorge E. Ferreyra
Especial para elCaribe
Una buena parte de la política contemporánea ya no critica desde discursos públicos ni desde vocerías institucionales. Ya no se actúa bajo nombre, sello y firma, sino a través de estructuras digitales anónimas y coordinadas, diseñadas para producir daño sin asumir responsabilidad. Es un tipo de ataque político tan cotidiano actualmente que muchos actores ya lo han naturalizado como una variable más del sistema.

En contextos electorales, este tipo de ataques se torna eficaz a la hora de desgastar candidatos, ya sea limando su imagen pública o bien distrayéndolos de sus funciones. Sin embargo, las consecuencias no se circunscriben al ámbito personal, sino que ponen en tensión la propia idea de representación política, justamente porque lo que resulta afectado es la capacidad de dicha persona de cumplir sus funciones públicas. La discusión, entonces, deja de ser sobre reputación individual y pasa a ubicarse en el terreno de la democracia.

Cuando un dirigente es blanco de redes anónimas, queda expuesta una asimetría en la conversación pública. De un lado se ubica un actor que diseña una estrategia de agresión que evita su propia exposición, lo que la convierte en desproporcionada frente a las posibilidades de la víctima de defenderse en igualdad de condiciones. Del otro lado se encuentra el destinatario de la operación atrapado en la paradoja de intuir, muchas veces, quién promueve la agresión, pero no poder señalarlo sin abrir otro frente más. Debe responder por el lugar que ocupa aunque el verdadero responsable permanezca protegido por la intermediación digital.

Esto provoca un intercambio ventajoso para quien ataca, porque privatiza las ganancias del desgaste ajeno pero socializa el daño producido. La política formal se ve en la obligación de asumir el esfuerzo de desviar atención y recursos para gestionar el conflicto abierto aún sin contar con un horizonte de ganancia.

En estos escenarios, la disputa no puede resolverse en el terreno elegido por quien impulsó la maniobra, porque eso significaría aceptar las condiciones que propuso quien previamente rompió las reglas básicas del debate político. Muy frecuentemente se comete el error de aceptarlo bajo la creencia de que se está actuando con elegancia institucional. Sin embargo, en política, confundir pasividad con diplomacia puede implicar abandonar la función de representación.

La defensa política no debe actuar en espejo de la oscuridad del ataque digital, pero tampoco puede quedar atrapada en una idea ingenua de institucionalidad. Si existe una voluntad deliberada de dañar desde el anonimato, la respuesta debe mantenerse dentro de la legalidad, pero no renunciar a la fuerza necesaria para neutralizar sus efectos y prevenir nuevos ataques. De lo contrario, se corre el riesgo de permitir que quienes no asumen responsabilidad pública definan, sin costo, las reglas de la vida democrática.

*Jorge E. Ferreyra es consultor en comunicación política, estrategia institucional y políticas públicas. Politólogo e internacionalista, magíster en Estudios de Desarrollo Internacional por la Université Grenoble Alpes e investigador asociado de la Universidad Nacional de Córdoba. Sus trabajos abordan las relaciones entre poder, élites, representación e instituciones en América Latina, con foco reciente en República Dominicana. LinkedIn: Jorge E. Ferreyra.