“Liderazgo institucional y unadeuda pendiente desde 2015”

José Fernández
Abogado académico, experto en seguridad social y transparencia gubernamental
La discusión sobre un Código Único del Paciente no surge hoy por casualidad. En el año 2015, quien suscribe llamó públicamente la atención de las autoridades del sistema de seguridad social sobre la necesidad de crear un récord único de pacientes, como herramienta para garantizar continuidad en la atención, reducir costos innecesarios y proteger mejor los derechos de los afiliados. Aquella propuesta generó interés y debate, pero no logró traducirse en una política pública concreta.

Diez años después, el tiempo ha confirmado la pertinencia de ese planteamiento. Los problemas que motivaron la advertencia siguen presentes: información dispersa, duplicación de estudios, dificultades para auditar el sistema y ciudadanos que deben cargar físicamente con resultados médicos para garantizar su propia atención.

Hoy, sin embargo, el contexto institucional ofrece una oportunidad distinta. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, en su condición de presidente del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), ha mostrado una clara sensibilidad social y una visión orientada al fortalecimiento de los derechos dentro del sistema. Su enfoque en la transparencia, la ética, la integridad y la eficiencia crea un entorno favorable para retomar reformas estructurales largamente postergadas.

De igual manera, la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández, aporta una visión jurídica y humana que resulta clave para conducir procesos de modernización con apego al marco legal y a la protección de los datos sensibles de salud. Su experiencia en gestión pública y bioética constituye un valor fundamental para una iniciativa de esta naturaleza.

Un rol igualmente estratégico corresponde a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA), dirigida por Elías Rodríguez, cuya gestión ha enfatizado la defensa efectiva de los derechos de los afiliados. Un Código Único del Paciente fortalecería de manera directa esa misión, al empoderar al ciudadano con un historial clínico claro, verificable y protegido, reduciendo conflictos y asimetrías de información.

Desde una perspectiva propositiva, la hoja de ruta es viable: comenzar con un plan piloto, establecer protocolos de interoperabilidad, garantizar el cumplimiento estricto de la Ley 172-13 de Protección de Datos Personales, y acompañar el proceso con capacitación y educación ciudadana.

Lo que en 2015 fue una advertencia y una propuesta, hoy debe convertirse en una decisión estratégica. La República Dominicana cuenta con liderazgo, marco legal y tecnología suficiente para avanzar.

Postergar nuevamente esta reforma sería seguir acumulando costos sociales y humanos que el sistema no puede permitirse.