Principios rectores de la Ley No.33-18

La democracia no comienza el día de las elecciones ni termina cuando se cuentan los votos. Se construye diariamente dentro de los partidos políticos, en la forma en que seleccionan sus autoridades, distribuyen el poder, administran sus recursos y respetan a quienes piensan diferente.

El artículo 12 de la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, establece los principios y valores fundamentales para el ejercicio democrático de la política. No se trata de una lista ornamental. Es un mandato dirigido a impedir que los partidos reproducen internamente las prácticas autoritarias que dicen combatir en el Estado.

La libertad permite participar, disentir y formular propuestas sin temor a represalias. La justicia exige reglas aplicadas sin privilegios. La solidaridad recuerda que la política debe orientarse al bienestar colectivo, no a satisfacer ambiciones personales o intereses particulares.

El pluripartidismo y la diversidad ideológica reconocen que ninguna organización posee el monopolio de la verdad. La democracia necesita opciones reales, debate público y ciudadanos capaces de elegir entre proyectos distintos. Sin pluralidad, las elecciones pueden conservar su forma, pero pierden buena parte de su sustancia.

El acatamiento a la voluntad de las mayorías resulta indispensable para adoptar decisiones legítimas. Sin embargo, la mayoría no puede utilizarse como una fuerza destinada a silenciar. Por eso la misma ley reconoce los derechos de las minorías. Gobernar por mayoría no significa gobernar contra quienes perdieron una votación.

La no discriminación y la equidad de género obligan a remover barreras que históricamente han limitado la participación política. No basta con permitir formalmente que todos compitan si las estructuras, los recursos y las oportunidades continúan distribuidos de manera desigual.

La transparencia, por su parte, permite conocer quién decide, cómo se utilizan los fondos y cuáles intereses influyen en las organizaciones. Donde la información se oculta, el poder se vuelve difícil de controlar y la corrupción encuentra terreno fértil.

La alternabilidad constituye otra garantía esencial. El liderazgo democrático no puede convertirse en propiedad personal ni en herencia de grupos cerrados. Quien dirige debe comprender que su autoridad es temporal, limitada y sometida a evaluación.

En conclusión, el acceso a la dirección del Estado debe producirse mediante procedimientos democráticos. Ninguna causa, por popular que parezca, justifica la violencia, el fraude o la manipulación de la voluntad ciudadana. Por tales razones, un partido no puede defender la democracia hacia afuera mientras practica el autoritarismo hacia adentro.