Las autoridades y el liderazgo político deben tomar conciencia de que los tiempos han cambiado y que lo que ayer pudo tolerarse hoy ya no se toleraría, que por más que se intente manipular las percepciones mediante propaganda o que se pretenda mantener ocultas las cosas, los celulares inteligentes actúan como cámaras indiscretas y megáfonos implacables que difunden sin filtro a través de las redes sociales, para bien o para mal.
Esta campaña electoral no solo ha sido distinta porque es la primera que se realiza al amparo de las nuevas leyes de partidos y de régimen electoral, sino porque luego de cuatro mandatos continuos del partido oficial hay una natural usura de su poderío y un fortalecimiento de la oposición que logró recomponerse en un nuevo partido. También porque la ruptura provocada por el antagonismo entre los dos presidentes que ha tenido el partido oficial resquebrajó el absolutismo que antes exhibieron y, como no hay peor cuña que la del mismo palo, quienes salieron de dicho partido hoy son quienes con mayor rigor vigilan, reclaman y denuncian cualquier acción de las que antes ellos fueron parte.
Nunca habíamos tenido un proceso electoral tan judicializado, en el que las sentencias están generando a veces más expectativas que las propias encuestas, y en el que las altas cortes creadas por la Constitución de 2010 el Tribunal Constitucional y el Superior Electoral, han sido actores clave para garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley, y en el que la Junta Central Electoral (JCE) no solo tiene una composición y un accionar distintos, sino que ya no actúa como ama y señora de las decisiones, y la última palabra la tienen las cortes.
La mayoría de turno no solo no pudo imponer la ley de partidos que quería, ni la reforma constitucional para repostular al presidente, ni quebrantar la independencia del Tribunal Superior Electoral, sino que a pesar de sus esfuerzos en minimizar el impacto de la escisión de su partido y de colocar un alter ego del presidente ante la imposibilidad de su nueva nominación, todas las estadísticas, desde los resultados de las cuestionadas primarias hasta las últimas encuestas de las más confiables firmas, evidencian otra realidad, y muchas sentencias no han tenido el sentido que esperaban o no han podido ser dictadas.
A pesar de que las disposiciones de las leyes de partidos y de régimen electoral no llenan las expectativas en cuanto al control del gasto, la fiscalización del financiamiento de los candidatos y la prevención y castigo de los delitos electorales, y de que la actuación de la JCE ha sido tímida y en algunos casos prácticamente nula, por primera vez estos temas están siendo objeto de denuncias formales.
Lo mismo sucede con la compra y venta de votos practicada históricamente por muchos actores políticos principalmente quienes más poder detentan, ya que, no obstante el Procurador General se haya resistido a cumplir con el mandato legal de designar la procuraduría especializada en crímenes y delitos electorales, y la JCE no haya a la fecha manifestado con firmeza que ejercerá su rol de dirección de la policía electoral, la presión social ha forzado a las autoridades a prestar atención.
Si bien el clientelismo, la falta de cultura de legalidad, la corrupción y la impunidad, siguen siendo un maligno cáncer en nuestro tejido social y aliados favoritos del poder, los sondeos de opinión revelan que la sociedad es más sabia que eso, pues es capaz de valorar liderazgos que han tenido como norte la transparencia, la institucionalidad y la cercanía a la gente, colocándolos en lo más alto de sus preferencias.
Ojalá que estos nuevos tiempos que tantas novedades han traído y en los que mucha gente reclama escuchar las propuestas de sus candidatos y verlos debatir sus ideas de cara al público, como gracias al histórico esfuerzo de ANJE estaremos presenciando, también permitan que la selección de las nuevas autoridades se haga por conciencia y no por burda conveniencia particular y que lleguen a la cima los mejores, y no los que más recursos tengan.
