Por segunda ocasión la comisión especial de la Cámara de Diputados que está conociendo el proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, logró que se aprobara un nuevo plazo de 30 días para presentar un informe final del proyecto. Conforme se han desarrollado las discusiones en esta comisión, es poco probable que el nuevo plazo concedido permita un consenso para la aprobación de esta importante legislación. Grupos políticos que tienen una clara mayoría en el Congreso, PLD-Danilo y PRM, han acercado sus posiciones sobre el método de elección de candidatos, pero otros, siguen presentando obstáculos para que la aprobación de la ley sea una realidad.
La discusión sobre primarias abiertas o cerradas fue superada. Hay acuerdos en que se debe permitir que cada organización política escoja el método que entienda más conveniente. Este ha sido un paso importante de avance para el consenso y por lo tanto, para que la ley de partidos sea aprobada. No obstante, algunos grupos se resisten a la posibilidad de acuerdos, atrincherándose en posiciones que mantienen el disenso, como aquella de que las primarias abiertas no pueden ser una opción porque es violatoria de la Constitución, de que el método de elección es el que ya contemplan los estatutos de los partidos o que es un peligro que la JCE organice las primarias de los partidos. Estos grupos no hacen sino más que bloquear cualquier posibilidad de aprobación de la ley.
El nuevo plazo de 30 días lleva la discusión de la ley de partidos para la próxima legislatura que inicia el 16 de agosto. El órgano electoral ha advertido que si esta ley no es aprobada a más tardar en septiembre, será imposible su aplicación en las elecciones generales del 2020. Con la poca disposición de los legisladores representados en la comisión especial de avanzar hacia la construcción de consensos, no será posible cumplir con la aspiración de la JCE. Esto es especialmente grave, si se tiene en cuenta que también está pendiente la aprobación de la Ley del Régimen Electoral, la cual tiene mayor relevancia para la organización de las próximas elecciones.
El panorama es poco favorable para las reformas políticas tan anheladas por la sociedad dominicana. Estamos, lamentablemente, ante la posibilidad de que estas leyes no sean aprobadas o que su aprobación se centre única y exclusivamente en aspectos poco relevantes y por lo tanto, que los cambios sean solo de carácter cosméticos. Los escenarios posibles significan una frustración de las expectativas de que el país pueda contar con un sistema de partidos modernos y con procesos electorales desarrollados en condiciones de equidad.
