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Recientemente, Participación Ciudadana ha cuestionado los fallos absolutorios en los casos judiciales Odebrecht, aviones Super Tucano y Los Tres Brazos.

Esos fallos y sus motivaciones deben ser aireados, pues hay articulada una campaña de redes y mediáticas para restar validez a la argumentación favorable al fortalecimiento del ministerio Público, e instalar la percepción de que todo el sistema judicial sigue dañado.

Para PC, en esos casos, no importa si la responsabilidad de la mala administración de justicia es de los jueces o los fiscales, pues en definitiva se trata de una falla del sistema judicial.

La conclusión de que se trata de una falla sistémica es correcta, pero no discriminar a cuál de ambos ámbitos judiciales se atribuye objetivamente la caída de los expedientes, es incorrecto.

Incorrecto, porque para tratar el daño y corregirlo hay que ir a su origen, determinar dónde se encuentra y cuáles son las fallas iniciales del mal.

La responsabilidad de los fiscales es mayor que la de los jueces, pues corresponde a ellos confeccionar los expedientes que fundamentan la defensa de la sociedad, que de no estar adecuadamente sustentados pueden “caerse”, como ha ocurrido en los casos señalados.

“Caerse”, a pesar de las abrumadoras pruebas y evidencias, incluso la confesión de partes, como ocurrió con las firmas sobornadoras en dos de los expedientes.

El país se encuentra en un significativo debate respecto a la incidencia de la Procuraduría General de la República y sus dependencias y subordinados en el deterioro del sistema judicial.

El ex presidente Fernández sostiene que la Constitución de 2010 ya aseguró la independencia del Ministerio Público, pese a las tantas lagunas que acusa, y estos fallos son nuevas evidencias, y quienes ven necesaria la reforma constitucional que propone el presidente Abinader, para distanciar a los fiscales, y con ellos al sistema judicial, de los intereses partidistas.

El Ministerio Público, establecen especialistas, es parte medular de los problemas de la justicia, ya que la elección o designación de sus funcionarios ha sido intervenida políticamente por el Partido de la Liberación Dominicana durante 20 de los últimos 26 años en que estuvo al frente del gobierno.

Durante esos 20 años, los procuradores generales de la República, cabeza de los fiscales, fueron destacados dirigentes o figuras vinculadas al PLD, que en general favorecieron primordialmente los intereses políticos de su partido, y no los de la sociedad y los ciudadanos, como era su obligación.

Huelga enumerar a los dirigentes del Comité Central u otros asociados políticamente al PLD que ostentaron esos cargos fundamentales y controlaron la estructura burocrática del ministerio Público.

Es extraño el rasero que usa el movimiento cívico al que tantos aportes institucionales debe República Dominicana, tratándose de algo tan crucial para la organización y funcionamiento del país, como es la administración de justicia.

En los referidos expedientes, cuyos fallos colocan más rayas al tigre del desprestigio de la justicia está la mano peledeísta del señor Jean Alain Rodríguez, cuyas ejecutorias es obvio que deben ser examinadas lo más a fondo posible.

No en otro ánimo que el de mejorar el sistema judicial, que es mejorar y proteger a la sociedad dominicana.

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