La protesta de los jueces fue contundente. Expone un problema estructural, el sistema judicial es frágil, está mal remunerado y es vulnerable a presiones externas. Durante años, hubo decisiones improvisadas que generaron distorsiones que hoy pasan factura a toda la sociedad. A eso se suman acuerdos judiciales en casos de corrupción que alimentan sospechas sobre posibles influencias económicas en los procesos. Cuando la justicia es débil, siempre existe el riesgo de que el dinero termine condicionando decisiones. Sin salarios dignos, controles eficaces y transparencia real, cualquier reforma será insuficiente y la corrupción seguirá encontrando espacios para operar.
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