Cuando el país y principalmente el presidente Luis Abinader logra que el Senado elija un pleno de la Junta Central Electoral distante del partidismo político, estamos salvando el presente y el futuro de la democracia dominicana y con ello el avance económico y social del país.
Esa trascendente decisión abre la oportunidad de que finalmente empiece a cumplirse el mandato constitucional que ordena la celebración de elecciones libres, justas y transparentes que es en nuestro país el punto de partida de la institucionalidad democrática, base del desarrollo nacional en todos los órdenes.

Las grandes deformaciones de nuestra democracia se han originado en la ambición desmedida de algunos de nuestros dirigentes políticos y los grupos empresariales que los han sustentado, que han burlado o pisoteado el predicado constitucional.

El irrespeto al sufragio soberano del pueblo se ha montado en el clientelismo que conlleva en buena medida el uso de recursos de procedencia opaca de donde emana la corrupción ya mediante uso de dinero público, de procedencia dañada o de activos lavados, de recursos en cualquier caso de procedencia non santa.

El nuevo pleno de la JCE tiene por delante el desafío de hacer una reestructuración a fondo de los cuadros técnicos, logísticos y administrativos con los que el Partido de la Liberación Dominicana articuló una plataforma de fraudes electorales que devienen ya en una aberración en la sociedad actual.

El colapso de las elecciones municipales y lo obligada que se sintió una gran mayoría del electorado a acudir a las urnas -aún a riesgo de contagiarse del Coronavirus- a desalojar al PLD del poder deben ser los últimos rezagos de la cultura fraudulenta montada por el autoritarismo político para intentar perpetuarse en el poder.

Dejar atrás esa cultura de fraude desestabilizador, que con tanta frecuencia ha minado la gobernabilidad democrática, ha sido obstáculo para que el país se concentre a fondo en las tareas del desarrollo económico, social e institucional, y ahora tecnológico, que son los más apremiantes desafíos que debemos superar.

Nadie debe preocuparse por las amenazas del PLD en contra de los debidos procesos con que debe actuar el pleno de la JCE.

En la medida en que más alboroten y ataquen y cuestionen la legalidad del pleno, más se van a desacreditar y aislar del pueblo, y de sus objetivos de avanzar en todos los órdenes.

Al PLD hay que dejarlo cocerse en su propia salsa de perdedores, mientras el país continúa adelante.

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