Recientemente el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Pedro Luis Castellanos, ofreció una entrevista en la que afirmó: “Sea quien sea el próximo gobierno, va a tener que ir a una reforma estructural del sistema de seguridad social”.
Explicó que en enero de 2017 el gobierno presentó a los distintos sectores de la sociedad una propuesta de revisión integral del marco legal de la seguridad social, pero no hubo acuerdos.
Recordó que una de las reformas presentadas proponía modificar la forma de tomar decisiones en el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS). Señaló, ante la resistencia encontrada se optó “por ir avanzando progresivamente con pequeñas reformas. De hecho, yo no descarto la posibilidad de que antes de que termine el actual gobierno presente otras al Congreso”.
Lo que él no explica es por qué no encontró respaldo la propuesta de reforma elaborada por un equipo de funcionarios gubernamentales bajo su influencia. El principal obstáculo para avanzar fue el interés de los proponentes en introducir cambios para coartar la participación y la influencia de quienes financian el sistema que son los empleadores (70%) y los trabajadores (30%).
Uno de los principales obstáculo para avanzar en la reforma fue el interés en eliminar el derecho a veto de los empleadores y trabajadores, cambio con el cual el Consejo Nacional de Seguridad Social, organismo rector del sistema, dejará de ser un órgano colegiado, para convertirse en una institución donde las decisiones serían tomadas por los representantes del gobierno que mantendrían su derecho a veto, y podrían actuar sin el consenso de los demás sectores que participan.
Actualmente el ente rector de la seguridad social descansa en tres pilares, fundamentales para aprobar las decisiones, que son los representantes del Gobierno, los empleadores (representados por directores designados por el Consejo Nacional d la Empresa Privada y la Confederación Patronal Dominicana) y los trabajadores (“representados” por la centrales sindicales).
Los tres sectores tienen poder de veto, creando así un esquema que obliga a buscar un consenso de las partes para aprobar las decisiones del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Este esquema limita el poder del Gobierno al exigir que las decisiones cuenten con la participación activa y consenso de empleadores y trabajadores; garantizando así un sistema de gobierno tripartita, que representa la esencia colegiada de este directorio rector del sistema.
La eliminación del derecho al veto significa la liquidación de la dirección tripartita colegiada, y en esencia el resultado de este cambio es la estatización de la seguridad social para regresar al fracasado esquema que convirtió al Instituto Dominicano de Seguridad Social en una entelequia politizada y podrida por la corrupción, incapaz de ofrecer servicios a sus afiliados.
El superintendente afirma que la ciudadanía no está contenta con la seguridad social. Creo que nunca algo es tan bueno que no pueda ser mejor, y lo aplico a la seguridad social, pero estoy convencido de que entregar al Estado el control, como se quiso hacer –por suerte- con el frustrado intento de reforma, es lo peor que nos pueda pasar a los afiliados al sistema. Formo parte del casi 90% que reportan las investigaciones de Gallup satisfecho con los servicios de las administradoras de riesgos de salud, también del más del 80% que rechaza la estatización.
Aseguro a mis lectores que estas preocupaciones sobre el destino de la seguridad social las alimenta mi doble condición de afiliado y empleador; y no guardan relación con mi condición de asesor del sector privado involucrado en el sistema.
