Por Yajahira De La Cruz Mesa (cristiana, afrocaribeña, escritora, feminista y defensora de Derechos Humanos)
En República Dominicana se han hecho varios esfuerzos para reducir la delincuencia, la violencia y la inseguridad generalizada que existe en los espacios públicos. Algunas de estas iniciativas son “Barrio Seguro», como uno de los componentes del plan de seguridad democrática en 2005; Programa Municipio Seguro; Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, etc. Ninguno ha dado resultados significativos que nos posicione en un buen lugar respecto al uso de los espacios públicos como derecho humano en comparación con otros países de la región.
La ciudadanía camina de prisa, duda de andar con objetos aparentemente de valor a la vista, evita trayectos, abandona lugares como parques, canchas, calles, se revisa frecuentemente los bolsillos usando el transporte público, sujeta con extremo cuidado bolsos, mochilas y carteras al detectar cercanía de algún desconocido en zonas solitarias o por donde transitan motocicletas.
Visto desde la violencia sintética y la normalización de la inseguridad en la que hemos crecido, se diría que simplemente hay que ser apercibido y no descuidarse. Sin embargo, los niveles de inseguridad ciudadana y la percepción de la misma también afectan la salud física y mental de las personas y tiene un impacto preocupante en el medio ambiente, la fluidez del tránsito, la economía y el turismo; por lo tanto, también son una amenaza a los Derecho Humano porque limita el pleno desarrollo de las personas.
La inseguridad ciudadana tiene un agravante, son los roles y estereotipos de género que colocan a las mujeres como principales víctimas de estos ataques por considerar que son frágiles y fáciles de someter, lo que supone para el atacante mayor probabilidad de éxito en su cometido.
Por otro lado, el programa Comunidades Seguras para las mujeres que ha implementado CIPAF desde 2020 en varias comunidades del país arroja datos interesantes sobre cómo los espacios públicos cuya naturaleza se enmarca en la idea de participación comunitaria, el ocio, los deportes y la cultura sufren apropiación por grupos formados fundamentalmente por hombres. Esta realidad perpetúa la relegación de las mujeres a los espacios privados, limitando su desarrollo al entorno doméstico y obstaculizando su participación en los espacios de toma de decisión en las distintas comunidades.
Este programa basado en los seis principios básicos de seguridad urbanística resalta, también, elementos que exacerban la violencia que las mujeres sufren en los espacios públicos como la falta de iluminación, el mal estado de las aceras y contenes, los terrenos baldíos o construcciones abandonadas, la falta de espacios de asociación y la ausencia de sistemas de cuidado comunitarios que permitan que la responsabilidad se distribuya entre todas y todos, por mencionar algunos. Esta propuesta tiene como centro las personas y su relación amigable y sana con el entorno, por lo que sería importante que las autoridades pongan su mirada en esta estrategia.
El panorama se torna crítico desde las ofertas oficiales. Por un lado, programas y políticas de seguridad ciudadana basados en la violencia generalizada sin tomar en cuenta las particularidades de la violencia de género y el traslado del adultocentrismo al diseño de los espacios públicos; y por el otro lado entendiendo el uso del espacio público sin una diferenciación clara entre las necesidades y rutinas de hombre y mujeres por separado.
Para las mujeres la inseguridad no es solo el robo, sino el acoso sexual callejero que les obliga a tomar rutas más largas, evitar lugares, cambiarse de acera, las expone al exhibicionismo y al contacto físico sin consentimiento. En RD las paradas de guaguas (autobús), puentes peatonales, calles mal iluminadas o tramos solitarios se convierten en zonas de exclusión para las mujeres. La inseguridad de las mujeres tiene un componente de violencia sexual que no siempre está en los planes de «seguridad ciudadana» tradicionales y al que no estan expuestos los hombres. Así mismo, el racismo estructural incrementa los niveles de inseguridad de las mujeres negras en el país, siendo más vulnerables a la cosificación y apropiación del cuerpo y por consiguiente a la sospecha policial o a la desprotección estatal.
La seguridad no es solo más policías y proyectos aislados, demanda de Iluminación urbana con perspectiva de género, sistemas de transporte público seguros y vigilados, educación para desmontar la idea de la mujer como «blanco fácil y propiedad de todos», entre otras iniciativas intersectoriales.
La seguridad ciudadana no será real en la República Dominicana hasta que las mujeres dejen de sobrevivir a cada salida al espacio público y comiencen a habitarlo con plena libertad. No es un favor, es un derecho humano que el Estado sigue adeudando.
