¿Acaso el ocaso?

No pretendo emular el ejercicio intelectual de Francis Fukuyama ni aventurarme a predecir el tropiezo definitivo de ideas que han marcado nuestra época y cuya influencia sería absurdo desconocer. Han sido realidades tangibles, con consecuencias que merecen examinarse, aunque reconocer su existencia y su alcance no signifique haber comulgado con sus postulados ni asumido un compromiso con ellos. Tampoco me anima anunciar el declive de una corriente de pensamiento. Me interesa, más bien, revisar algunas convicciones que han adquirido el peso de verdades establecidas y preguntarme si resisten el contraste con una realidad que no siempre confirma nuestras expectativas.

Durante décadas, el multiculturalismo ha ocupado un lugar destacado en la conversación sobre las sociedades modernas. La diversidad se ha presentado como una expresión de libertad y una oportunidad de enriquecimiento colectivo, y hay razones para reconocer sus virtudes. Sin embargo, valorar la diversidad no obliga a asumir que toda forma de convivencia entre culturas conduce necesariamente a una sociedad mejor. El problema aparece cuando se confunde el reconocimiento de las diferencias con la idea de que basta con aceptarlas para asegurar la cohesión social. Una sociedad puede acoger distintas tradiciones, creencias y formas de vida sin renunciar a los principios que sostienen su convivencia. Lo cuestionable es pretender que la adaptación corresponda exclusivamente a la sociedad receptora, como si sus instituciones y normas debieran modificarse indefinidamente, mientras exigir reciprocidad a quienes llegan se interpreta como una expresión de intolerancia.

Integrarse no significa renunciar a la propia identidad. Nadie debería verse obligado a abandonar su religión, su lengua o las costumbres que forman parte de su historia para incorporarse a otra sociedad. Pero preservar esa identidad tampoco puede justificar el desconocimiento de las obligaciones que impone la vida en común. Durante años, algunas de estas preocupaciones quedaron relegadas por temor a que fueran confundidas con prejuicios, una reacción que ha dificultado el examen sereno de problemas reales. Europa ofrece motivos para revisar determinadas políticas de integración, especialmente ante episodios de violencia urbana y enfrentamientos con la autoridad que revelan fracturas sociales persistentes. Sería injusto atribuirlos a comunidades enteras o explicarlos por una sola causa, pero también lo sería descartar posibles dificultades de integración por miedo a incomodar. Las políticas de acogida deben evaluarse por sus resultados, además de por las intenciones que las inspiran.

En este debate hay un principio que no debería admitir interpretaciones acomodaticias. El imperio de la ley debe prevalecer con independencia del origen, la religión o la identidad de quien deba cumplirla. Las normas no pueden aplicarse con distinto rigor según las sensibilidades políticas o culturales en juego. Cuando las autoridades toleran selectivamente determinadas infracciones para evitar controversias, la igualdad ante la ley pierde credibilidad y la confianza en las instituciones se resiente. Esto no significa defender una autoridad arbitraria, pues el Estado también está sometido a la ley y debe respetar las garantías de todos. Significa, sencillamente, que la protección de las minorías no puede confundirse con la renuncia a ejercer legítimamente la autoridad. Una conducta que vulnera derechos ajenos debe juzgarse conforme a las normas vigentes, sin excusas culturales ni discriminaciones por la procedencia de quien la comete.

La aplicación imparcial de la ley protege también a los inmigrantes y a las minorías frente a la discriminación y los abusos. Sin un marco jurídico común, las personas más vulnerables quedan expuestas a quienes tienen mayor fuerza o capacidad para imponer sus costumbres. Por eso, el Estado de derecho no constituye un obstáculo para la diversidad, sino una de las garantías que permiten hacerla compatible con la libertad. Ninguna tradición puede situarse por encima de los derechos fundamentales, como tampoco puede invocarse la defensa del orden para justificar arbitrariedades. La exigencia debe ser la misma para todos, y precisamente esa igualdad es la que da legitimidad a la autoridad pública.

Tampoco creo que la respuesta consista en idealizar el pasado. Las sociedades de ayer conocieron exclusiones y conflictos, y muchas tradiciones tuvieron que ser cuestionadas para ampliar derechos y libertades. No se trata de regresar a una supuesta uniformidad perdida, sino de encontrar una forma de integración que permita conservar las identidades personales sin debilitar aquello que compartimos como ciudadanos. La pertenencia a una comunidad política no exige pensar igual ni profesar las mismas creencias; exige aceptar las reglas que hacen posible que personas diferentes convivan sin imponer sus convicciones particulares a los demás.

Defiendo, además, el derecho de las sociedades a decidir democráticamente sobre su futuro. Las políticas migratorias, las condiciones de admisión y las exigencias de integración deben poder discutirse abiertamente, sin que toda discrepancia se convierta en sospecha de hostilidad. La voluntad mayoritaria tiene límites constitucionales y debe respetar los derechos de las minorías, pero esos límites no pueden vaciar de contenido la capacidad de los ciudadanos para orientar las decisiones colectivas. Una democracia debe proteger a quienes piensan distinto y, al mismo tiempo, permitir que sus ciudadanos cuestionen las políticas existentes, examinen sus resultados y reclamen cambios por los cauces institucionales.

No sé si estamos ante el declive del multiculturalismo tal como se ha entendido hasta ahora. Quizá sea el momento de reconocer que la diversidad no garantiza por sí sola una convivencia satisfactoria y que la inclusión requiere responsabilidades compartidas. Ninguna sociedad puede sostenerse indefinidamente si sus ciudadanos perciben que las normas obligan a unos más que a otros o que la ley se aplica según la conveniencia del momento. El respeto a la diversidad y el imperio de la ley no son incompatibles, pero su convivencia exige que ninguno de esos principios se utilice para anular al otro. Tal vez no asistamos al final de una idea, sino a la necesidad de revisar sus fundamentos y aceptar que la libertad solo puede perdurar cuando existe un marco común de derechos, deberes y límites legítimos.
En cualquier caso, quizá estemos ante el ocaso de un modelo de integración social profundamente marcado por la inmigración, en el que la convivencia entre culturas distintas llegó a concebirse, en ocasiones, como una amalgama que no siempre prestó suficiente atención a los límites y las exigencias de reciprocidad. Sería prematuro dar por concluido ese proceso, pero tampoco parece razonable ignorar las tensiones que obligan a revisar sus fundamentos. Tal vez no se trate de renunciar a los ideales que lo inspiraron, sino de reconocer que su viabilidad depende, en buena medida, de que la inclusión no se traduzca en una aplicación desigual de la ley ni comprometa la cohesión social. El tiempo dirá si estamos realmente ante el ocaso de ese modelo o ante la necesidad de corregir algunas de sus premisas.