Tecnología e institucionalidad

Omar E. Victoria Contreras
Miembro del Consejo de Directores de FINJUS
En el mundo contemporáneo, la tecnología ha dejado de ser una herramienta accesoria para convertirse en un componente estructural del funcionamiento de las sociedades. La inteligencia artificial, las plataformas digitales, el Internet de las Cosas o la conectividad ya no solo transforman la manera en la que se prestan servicios, sino que redefinen la forma en que se gobierna, se regula y se distribuyen oportunidades. Para República Dominicana, esta transformación abre una oportunidad histórica: hacer de la tecnología no un complemento administrativo, sino el eje central de su institucionalidad y de su modelo de desarrollo.

La tecnología ya no puede entenderse como un simple medio para agilizar trámites; cada vez más se asienta como un factor determinante para que las reformas -de todo tipo- generen -o no- prosperidad compartida. En este sentido, la tecnología se ha convertido en una cuestión de poder institucional. Como abordan Acemoglu y Johnson en Power and Progress (2023), la tecnología no es neutral en sus efectos sobre el desarrollo: su impacto depende de las instituciones que determinan su orientación y la distribución de sus beneficios.

En este contexto, República Dominicana se encuentra hoy en un punto de inflexión -particularmente favorable diría yo- para asumir este reto. Su dinamismo económico, su posición geográfica estratégica, su estabilidad política y sus avances recientes en esta materia abonan esta condición. Lejos de partir de cero, el país ha construido una base institucional que permite pensar en la tecnología como política pública y no solo como infraestructura.

Uno de los principales desafíos descansa en fijar la lógica misma de las reformas institucionales. Para dar el salto cualitativo, es indispensable adoptar un principio claro: integrar la dimensión tecnológica como eje estructural de las reformas públicas. Es decir, que ninguna reforma estructural debería concebirse hoy sin integrar la tecnología desde su diseño. Este enfoque impactaría el ámbito empresarial y del desarrollo productivo, con políticas integrales orientadas a la competitividad, al real fomento de la innovación, a la formalización de empresas y emprendimientos, a mejorar el acceso al financiamiento, a fortalecer la trazabilidad de operaciones y hacer más profunda y efectiva la supervisión de los mercados. Las políticas de competencia y de innovación podrían servirse del análisis de grandes volúmenes de datos para detectar conductas irregulares, promover la interoperabilidad de plataformas, la protección del consumidor, u orientar incentivos fiscales y programas públicos hacia la adopción efectiva de tecnologías por parte de las empresas, en particular las micro, pequeñas y medianas.

En el ámbito institucional más amplio, esta integración debería extenderse de forma cada vez más profunda en la justicia y en la relación cotidiana entre el Estado y los ciudadanos. Se sabe que los procesos de digitalización judicial, los expedientes electrónicos y la interconexión entre tribunales y registros públicos pueden convertirse en instrumentos centrales para una justicia más accesible, más transparente, trazable y previsible. A su vez, el desarrollo de esquemas de identidad digital interoperable, de sistemas de información pública y del uso estratégico de herramientas de análisis de datos permitiría al Estado detectar focos de incumplimiento, enfrentar o anticipar necesidades sociales, mejorar los procesos de fiscalización y prestar servicios de manera más eficiente.

Sin dudas, en este contexto, se torna aún más relevante el tratamiento de los datos personales, la protección a la privacidad y un uso seguro y ético de la tecnología, en especial de la inteligencia artificial. Aquí, la ética del algoritmo y la protección de los derechos fundamentales deben incorporarse como principios rectores del diseño institucional, pues un sistema automatizado que incide en beneficios sociales, supervisión de mercados, sanciones administrativas o trámites esenciales se traduce, en los hechos, como una prolongación del poder público.

Desde esta óptica, el desafío no es simplemente “tener más tecnología”, sino construir institucionalidad tecnológica. Esto implica que los sistemas digitales del Estado deben ser diseñados con los mismos principios que rigen a las instituciones democráticas: legalidad, transparencia, rendición de cuentas, protección de derechos y orientación al interés público.

Por ello, el debate sobre tecnología no se limita a innovación o competitividad. Es un debate sobre el tipo de Estado y de sociedad a la que se quiere avanzar. En esta nueva realidad, una institucionalidad tecnológicamente débil no solo limita la capacidad de gobernar, sino que debilita también la capacidad de los ciudadanos de ser sujetos plenos de derechos. La fortaleza institucional del futuro dependerá menos de la cantidad de normas y más de la calidad de los sistemas que las hacen operativas.

La realidad es que en las próximas décadas esta relación con la tecnología será aún más intensa. La inteligencia artificial, el uso masivo de datos y la automatización ampliarán el alcance de las decisiones mediadas por sistemas tecnológicos. Si esos sistemas no están integrados en una concepción institucional robusta, el resultado será un Estado más frágil y una ciudadanía más vulnerable. Si, por el contrario, se los incorpora como parte esencial de la institucionalidad democrática, pueden convertirse en instrumentos poderosos para ampliar derechos, reducir desigualdades y fortalecer la confianza pública.

En definitiva, la pregunta ya no es si la tecnología debe formar parte de la institucionalidad, sino cómo se integra en ella. Sin tecnología, la institucionalidad irá perdiendo capacidad en un mundo cada vez más digital; sin institucionalidad robusta los derechos se vuelven frágiles, lo cual debilita las bases de los sistemas democráticos y el desarrollo social y económico.