El ejercicio de una justicia independiente que garantice la inversión y las reglas de juego en los procesos legales, es la máxima aspiración de todo ciudadano consciente, amante de la paz y con sentido de dominicanidad.
Si el país logra impermeabilizar el Poder Judicial, el ejercicio del Ministerio Público y el Poder Político se aparta de las decisiones de jueces, fiscales y administradores legales del Estado, podríamos asegurar, que, en el mediano plazo, las riquezas de la nación estarán blindadas.

La queja interna y externa de inversionistas y de los ciudadanos comunes en todas las instancias de la justicia, es constante, debido a la falta de garantías procesales y de protección a la inversión, con reglas de juego claras.

Hay que tomar la palabra al presidente Luis Abinader, porque cuando las manos del Gobierno no se imponen, los jueces actúan sin temor y los fiscales cumplen su rol de juez de la querella y defensor de los intereses del Estado.

Pero esta decisión no debe ser privativa ni exclusiva del mandatario, sino que todo funcionario bajo su mando entienda, que se trata de una necesidad y un derecho postergado, a causa de la imposición del poder.

Nada es mejor, ni más ansiado por todo buen dominicano, que vivir en una sociedad sin restricciones en el ámbito legal, sin abusos de poder y con tribunales cuyas decisiones sea el fruto de una justicia bien aplicada y sin distingo.

Aunque el país no disfruta, aun de un ambiente de democracia ideal, hemos de esperar que, con el esfuerzo de todos, el reclamo constante sin temor ni pavor, obligue a que la nación sea conducida hacia ese estadio, para que, en la patria de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón, se pueda volver a respirar con libertad. Eso esperamos.

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