El sistema actual de dos comisiones que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) debe ser modificado. Extrañamente, todos los sectores reconocen la importancia de esta modificación. El Gobierno dominicano está de acuerdo. Para demostrarlo, sometió un Proyecto de Ley el 27 de febrero de este año. Los gremios sindicales han venido reclamándola desde hace años. Más interesante aún, las propias AFPs han reconocido la necesidad de esta modificación, conscientes de que la reforma de la Seguridad Social que se ejecutó en el 2001, era y debe ser, una reforma para quedarse.
Las AFPs dominicanas están conscientes de cómo el populismo económico en algunas geografías de la región ha ido erosionando el respaldo al sistema de capitalización individual con el objetivo de liquidarlo y de esa manera, resucitar el sistema de reparto. ¿La queja? Las pensiones que emanan del sistema de capitalización individual no son elevadas: las tasas de reemplazo (la pensión como porcentaje del promedio del salario mensual de los últimos 12 meses) no se acerca al 80% o 90% a que aspiran los trabajadores. ¿Porqué no alcanzan esos niveles? Primero, porque las tasas de contribución, en promedio, equivalen a la mitad de las que exhiben los sistemas de reparto europeos que garantizan pensiones bondadosas. En España, por ejemplo, la tasa de cotización es 28.3% del salario. Segundo, porque muchos de los sistemas de capitalización individual vigentes permiten que la gente se retire a los 60 años. Con una esperanza de vida bordeando los 80 años, estos sistemas no pueden garantizar tasas de reemplazo del 80% o más durante un período de 20 años, casi similar al que laboró el afiliado. Y tercero, sostienen los críticos del sistema, porque las AFPs cobran comisiones más elevadas que las que cobraría una entidad estatal que administre un sistema de reparto.
Sobre las dos primeras razones, las AFPs no pueden hacer nada. Ambas emanan de las políticas públicas. Corresponde a los gobiernos entender que aportando un 8% o 10% neto a la cuenta de capitalización durante un período de 30 años, resulta cuesta arriba pretender que la capitalización individual genere al afiliado una pensión de 80% durante un período de 20 años, a menos que las AFPs pudiesen invertir en mercados de sustancias ilícitas. Frente a lo anterior, las AFPs dominicanas han sido sumamente parcas o tímidas en el desarrollo de campañas educacionales e informativas explicando el porqué con tasas de cotización bajas y períodos de contribución relativamente cortos, los afiliados no pueden aspirar a pensiones del 80% o 90% del último salario. Si el Gobierno o la SIPEN no lo hacen, la responsabilidad debe ser asumida por las AFPs.
En el caso de las comisiones, las AFPs deben asumir un rol pro-activo. No pueden permitir que los opositores al sistema de capitalización individual le saquen en cara un “afán desmedido de lucro” a partir del ahorro forzoso de los trabajadores. Es lo que han planteado en otras geografías. La propuesta de reforma que ha sometido el Poder Ejecutivo, al sustituir las dos comisiones que cobran las AFPs por una única comisión sobre el saldo o balance del fondo de pensiones administrado, va en la dirección correcta.
El proyecto de modificación establece que, a partir del año 2019, la comisión sería de 1.40% del saldo administrado, la cual iría bajando todos los años 0.05%, hasta alcanzar en el 2030 un 0.85%. Algunos expertos de seguridad social del país han señalado que el nivel de la comisión para los años 2019-2030 que se estipula en el proyecto, sigue siendo muy elevado y, por tanto, no permitirá un aumento en la tasa de reemplazo o pensiones a recibir por los trabajadores cuando alcancen la edad de retiro.
El año pasado, cuando se computa la comisión implícita sobre el saldo del fondo administrado que cobraron las AFPs en República Dominicana, se tiene que esta fue de 1.08%. Cuando observamos las comisiones implícitas que actualmente cobran las AFPs en los países de la región con sistemas de capitalización individual, encontramos que estas oscilaron en el 2018 entre 0.54% (Chile) y 1.18% (El Salvador). Visto lo anterior, uno podría pensar que el nivel de 1.40% propuesto por el Gobierno dominicano para el 2019, es elevado. No debe olvidarse, sin embargo, que la comparación anterior no es válida si previamente no ajustamos por el nivel de maduración del sector. No es lo mismo una comisión de 1% sobre saldo en un sistema con 15 años de maduración que en otro con 30 años.
Cuando hacemos el cálculo de las comisiones implícitas sobre el saldo administrado cobradas por las AFPs de la región en el año 16 de vigencia del sistema, que es el período que acumula el nuestro, observamos que el rango de las comisiones oscila entre 0.94% (Uruguay) y 2.19% (Chile), con un promedio de 1.35%. Visto así, el nivel de 1.40% pautado para el 2019 no resulta en extremo elevado. Lo que si es cierto es que la sustitución que propone el proyecto, con los niveles de comisiones plasmados, no genera un aumento significativo en las futuras tasas de reemplazo, con lo cual las AFPs tendrían que prepararse para enfrentar el tsunami populista que se les vendría encima. Que no se llamen a engaño, entre todas las argumentaciones, la que más espacio recibirá en las calles y en la sociedad de “haters” que ha sido creada por las redes sociales, las elevadas comisiones serán las culpables favoritas.
¿Qué le proponemos a las AFPs? Que tengan visión de futuro y que actúen ahora, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué deben hacer? Ir al Congreso y presentar una propuesta de comisiones y de desmonte que tenga un impacto positivo en las tasas de reemplazo. En vez de arrancar con 1.40% en el 2019, que propongan 1.10% para ese año, manteniendo la reducción de 0.05% hasta el 2030, cuando la comisión alcanzaría 0.55%, similar a la que tuvo Chile el año pasado. Los trabajadores recibirían mejores pensiones y los dueños de las AFPs seguirían obteniendo un retorno sobre su capital similar o superior al que actualmente obtienen los bancos múltiples.
