La Dirección General de Migración, organismo dependiente del Ministerio de Interior y Policía, con funciones de controlar el flujo migratorio, la aplicación de la ley, relativas a la entrada y salida de ciudadanos dominicanos y extranjeros y el registro y regularización de la permanencia en el país de aquellas personas, que cumplan con las exigencias de la Ley de Migración. De naturaleza compleja, esta dependencia estatal se mantiene en la picota pública, dada la incontrolable presencia y permanencia de un enorme e indeterminado número de migrantes haitianos.
Como sus usuarios son en abrumadora mayoría extranjeros, los intríngulis interiores son apenas conocidos por los criollos. Conocemos del caso de extranjeros, con vida en el país por años, que tratando de regularizar su estatus y dedicados a cumplir requisitos, chocan con un proceso caro, largo, complejo y cambiante cada semana, donde las exigencias de trámites locales y requerimientos de documentos del país de origen, cambian sin aviso. Es el usuario quien, con denigrante acceso muy restringido, puede conocer del estatus de su solicitud de manera presencial porque lo digital es susceptible en convertirse en análogo, y allí enterarse de nuevas exigencias. No existe comunicación del ente estatal hacia los solicitantes; es de una sola vía. Parecería ser: “usted es el interesado”… Los empleados, sobre todo los que apenas cuentan con experiencia, que pudiera ser una abrumadora mayoría, indican que se trata de nuevos requisitos alterando procesos de forma instantánea. Se requiere de empleados con actitud positiva y trato amable. Existe confusión entre los requisitos a venezolanos, ciudadanos extranjeros con justo trato especial, con lo necesario para los demás solicitantes. Los esquemas de un trámite tan complejo, adonde intervienen organismos de otros países, no pueden ser variables. Los plazos están basados en el nuevo esquema de “días laborables” y todo se indica en subjetivos espacios de 30 “días laborables” lo que pudiera ser traducido, en el idioma del paciente solicitante, en un mes calendario. La difícil respuesta telefónica, a veces coincide con la presencial, indicando: “su caso está en evaluación” como respuesta fija previendo, que cuando la “evaluación” termine, deberá pasar a un trámite con el director, y otro plazo de “30 días”. Lo más reciente del absurdo es la exigencia de una cuenta con balance superior a RD$300,000 o un garante “por si hay que deportar al extranjero”. Antes se había requerido una póliza de garantía que no reemplaza ni la cuenta bancaria ni el garante. Esta mención en su página web, parece una burla: “Buscamos la satisfacción de las necesidades del usuario de manera eficaz y efectiva cumpliendo con la normativa vigente y mejoras en el sistema de gestión de la calidad, mediante el fortalecimiento de las competencias del talento humano, el buen manejo de los recursos públicos y la modernización administrativa”.
