La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un organismo judicial que forma parte de la OEA, tomó una nueva decisión donde condena a la República Dominicana por supuestas violaciones de los derechos de un grupo de nacionales haitianos y llega al colmo de exigirle a nuestra nación que cambie la constitución para garantizar que todos los nacidos en nuestra nación sean declarados como ciudadanos dominicanos. Esta decisión es una verdadera aberración y un gran irrespeto a la soberanía nacional. Nadie puede imponerle a nuestro país los lineamientos para definir sus nacionales y todos los organismos internacionales deben respetar el derecho soberano que tiene cada estado para definir sus condiciones migratorias y sus leyes para el ortorgamiento de la nacionalidad.
El país entero, con justa razón, ha rechazado esa decisión injusta, ilegal, abusiva y denigrante de la CIDH. El gobierno también la ha rechazado con firmeza y la ha catalogado de “extemporánea, sesgada e inoportuna” y ha dicho que no la acatará porque vulnera la soberanía nacional. Y si bien es cierto que dicha decisión emite algunas consideraciones que pudieran ser válidas en torno a la controvertida sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, no es menos cierto que dicha sentencia no toma en consideración el proceso iniciado con la aprobación de la ley 169-14 y el plan nacional de regularización, los cuales de alguna manera son una respuesta correcta y justa a los entuertos creados por aquella sentencia.
Pocos días después de emitida esa funesta sentencia de la CIDH, el Tribunal Constitucional dominicano emitió otra decisión donde establece que los fallos de la Corte Interamericana no tienen validez para la República Dominicana debido a que el tratado interamericano que le da vigencia no fue ratificado por el congreso dominicano. En ese aspecto el Tribunal Constitucional tiene toda la razón, pero existen algunas actuaciones de nuestro país que nos han llevado históricamente a ser parte y respetar anteriores decisiones de la CIDH. Incluso hace tan sólo unos años nuestra nación postuló como jueza de ese tribunal a una dominicana, que fue parte del mismo por varios años.
En ese sentido, nuestra nación debe mantener su decisión de no acatar el fallo de la CIDH pues no se corresponde con la verdad ni con el proceso que está llevando el actual Gobierno dominicano para enfrentar con sentido de justicia y humanidad la migración haitiana. Pero también debe tener cuidado de actuar con radicalismos y provocar situaciones de fricción innecesaria con nuestra participación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en la Organización de Estados Americanos (OEA), organismos a los cuales está adscrita la Corte Interamericana.
Y si bien es cierto que países como Ecuador y Venezuela han tenido situaciones conflictivas que han provocado su salida de dicha corte, en el caso nuestro la situación es un tanto diferente y antes de llegar a tomar la decisión final de abandonar esa corte debemos recorrer el camino necesario para mostrar en ese y en todos los foros necesarios que esa sentencia es injusta y que nadie como el estado y pueblo dominicanos son los más solidarios del mundo con nuestros hermanos haitianos. En lo que sí debemos mantener la firmeza y la dignidad es en no aceptar ni aplicar esa mostrenca condena de la CIDH porque la misma esta llena de injusticia, de prejuicio, de irracionalidad y de falsedad.
