Llena de regocijo la noticia dada por el Presidente de la República, de dejar sin efecto la recomendación de una comisión del propio Gobierno, que procuraba una transacción con las personas que, de manera fraudulenta, habían adquirido títulos de propiedad en Bahía de las Águilas. Mediante este acuerdo, se pretendía que el Estado dominicano renunciara al legítimo derecho de propiedad de estos terrenos y que cediera a particulares el 45% de los beneficios por concepto de su venta.
Es muy atinada la decisión del Gobierno de escuchar los reclamos de la ciudadanía, pues el acuerdo propuesto se constituía en una inaceptable acción fraudulenta. Con la justificación dada por algunos funcionarios para defender la entrega de terrenos en el parque Jaragua, se ponía en evidencia el profundo desprecio que tiene una parte de nuestra clase política, por la institucionalidad y las leyes del país. Se alegaba que era necesario llegar a acuerdo con los poseedores de títulos falsos, debido a que el proceso llevaba más de 16 años en los tribunales y había que buscar respuestas urgentes ante la lentitud de la Justicia.
De esta manera, se pretendía recurrir a un pragmatismo que no sólo avalaba una clara estafa al Estado, sino que procuraba llevarse de paso a uno de los poderes públicos fundamentales, como el Poder Judicial. El Gobierno, en su comunicado del día de ayer, estableció que las autoridades confían en que las jurisdicciones realicen todos los esfuerzos para la agilización y terminación de los procesos. Se revierte de esta manera el pretendido desconocimiento del rol de la Justicia dominicana en la resolución de los conflictos nacionales. Esta decisión contribuye a que el sistema judicial asuma su responsabilidad y evita que se recurra a mecanismos no institucionales e ilegales para intentar resolver un problema. Quienes defendían la ilegalidad de ceder en parte Bahía de las Águilas, argüían que los animaba el deseo de revertir la situación de pobreza y exclusión social en que vive la región Sur. De esta forma contraponían el desarrollo a la institucionalidad, cuando ambos deben ir de la mano. Intentaban dar a entender que quienes pedían que no se reparta el patrimonio nacional, estaban opuestos al bienestar de dicha región. A los que esto sectores se han opuesto es al fraude y a la impunidad. Celebramos que el Gobierno haya reafirmado, públicamente, que el Estado es el propietario legítimo de los terrenos de Bahía de las Águilas. Esta es la mejor manera de promover un desarrollo turístico sobre la base de la legalidad y el respeto a la institucionalidad.
