El Gobierno que asuma el 16 de agosto como resultado de las elecciones del 15 de mayo próximo parece que estará compelido a proponer una nueva reforma tributaria o fiscal, tras una pausa impositiva de cuatro años. Desde que se instale tendrá que comenzar a estudiar la situación fiscal, porque tendrá que diseñar el presupuesto del 2017, que además de los compromisos tradicionales, traerá demandas adicionales.
Recientes declaraciones del presidente Danilo Medina —candidato a la reelección en los comicios del 15 de mayo— y de su ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, presentan un panorama de inminente modificación al menos al componente tributario del aparato fiscal. Como si fuera una respuesta a esa posibilidad, desde el sector privado se está reiterando la posición de que cualquier reforma que se plantee, sea integral. El pasado martes la Asociación Interamericana de Empresas (Asine) abogó por un pacto fiscal equitativo y solidario.
De materializarse, sería la segunda iniciativa consecutiva en que un Gobierno entrante se ve compelido a modificar la estructura impositiva en los primeros meses del período. La Administración actual presentó antes de los primeros cuatro meses de gestión una propuesta de reforma que dio lugar a la Ley 253-12 sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible.
Esa reforma fue la respuesta del Gobierno que inició el 16 de agosto del 2012 a un elevado déficit fiscal de ese año, que rondó el 8% del PIB y que se originó esencialmente en el incremento del gasto vinculado al proceso electoral de ese año. El impacto recaudador de esa reforma se quedó corto con respecto a los cálculos originales, debido a una serie de cambios y eliminaciones de figuras impositivas de proyecto original.
Causa diferente
Las cifras conocidas del desempeño fiscal no infieren que se necesite una reforma tributaria para corregir distorsiones presupuestarias. Pero diversos reclamos que se están enarbolando, como la asignación de un 5% al sector Salud —que parece que se negociará para el presupuesto del 2017— sugieren que habrá que explorar mecanismos para obtener esos fondos adicionales, en vista de la estrechez e inflexibilidad del presupuesto.
Faltando seis días para cumplir el primer cuatrimestre de Gobierno, la administración que se instaló el 16 de agosto del 2012 promulgó la Ley 253-12 (el 9 de noviembre), con la cual buscaba financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo mediante el incremento de la presión tributaria a largo plazo.
Una serie de factores impidieron la aplicación global de los impuestos creados, y el proyecto original fue modificado, limitando su potencial recaudatorio, lo que provocó que las proyecciones de recaudación no se cumplieran. Se esperaba que la reforma contribuyera con dos puntos porcentuales de presión tributaria, y que para esta fecha la proporción de ingresos del Gobierno por concepto de impuestos representaba al menos el 16% del producto interno bruto (PIB).
Ante el poco rendimiento de la reforma aprobada por la Ley 253-12, algunos impuestos que fueron aumentados provisionalmente y que serían reducidos una vez se lograra la presión del 16% del PIB, no han sido desmontados. Es el caso de la tasa generalizada del ITBIS de 18% a los productos alcanzados antes de la Ley 253-12, que debería perder dos puntos y quedar en un 16% unificada con la de los productos de la canasta básica que fueron incorporados al universo gravado con esa ley a partir del 2013.
La aplicación incompleta de la reforma, en cuanto a la propuesta original y la finalmente aprobada por el Congreso, limitó la duración de la medida. El impuesto a la circulación vehicular (placa) concebido en base al 1% del valor, quedó en suspenso y el tributo se sigue aplicando en base a un valor específico, de RD$2,200 para las unidades de hasta cinco años de fabricación y RD$1,200 para los más antiguos.
No obstante, transcurrieron cuatro años de estabilidad impositiva. El escenario apunta a que será necesario reeditar una propuesta impositiva, aunque parece que ahora será diferente, con alcance no solo en la parte de ingresos, sino en los gastos públicos.
La mayor demanda social, en términos económicos, que está recibiendo el Gobierno es la asignación de mayores recursos para el sector Salud, referida incluso a un 5% del PIB. Las huelgas y paros de los médicos y personal médico del sector público plantean ese aspecto como uno de los puntos esenciales. Al menos eso dicen los cartelones que se enarbolan, cual si fuera una réplica del ya famoso 4% para la Educación.
Las autoridades fiscales han dicho reiteradamente que el Gobierno no está en condiciones de cumplir, en el presupuesto del año corriente, las exigencias del sector Salud. Pero como hay un período de negociación en proceso, si se pacta acoger las demandas económicas para el próximo año, entonces la reforma para buscar los recursos deberá ser aprobada al menos en el primer cuatrimestre del Gobierno que surja de las elecciones del 15 de mayo.
Medina y Montás dan señales reformadoras
En su reciente intervención en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, el presidente y candidato Danilo Medina dijo que en materia fiscal, en un segundo mandato suyo firmará el pacto fiscal y, que en ese marco se hará una revisión integral de las exenciones fiscales para reenfocarlas hacia las actividades más productivas, evitando la competencia desleal. Al día siguiente, el ministro de Economía, quien ha sido el principal mentor de las reformas económicas aplicadas en los gobiernos del PLD, dijo que dentro del Pacto Fiscal habrá que discutir de dónde procederán los ingresos que necesitará el próximo gobierno para responder a las demandas de la población, como el 5% del PIB para el sector salud. “Vamos a tener que sentarnos a discutir de dónde van a proceder los ingresos que el Estado dominicano necesita para darle respuesta a la demanda de salud, de ayuntamientos”, dijo.
