Somos sin duda un país de sobrevivientes. El dominicano promedio se encuentra total y absolutamente desprotegido cuando acude en busca de asistencia médica a los hospitales. Prácticamente sin excepción, en esos centros, incluso los construidos y sostenidos por el Estado, se les exige en muchos de ellos a los pacientes un depósito o una garantía previa antes de prestarle la primera atención básica.
El grado de deshumanización a que se ha llegado trasciende todos los límites, despojando a los núcleos de menores ingresos, e incluso a la clase media, del derecho de protección.
Como regla general, no se entregan los cadáveres de los pacientes que fallecen bajo cuidado hospitalario, si antes no se saldan por completo las cuentas.
Algunas historias recientes muestran el inhumano nivel de insensibilidad que norma la atención al público en esos centros. En uno de carácter público manejado como privado se le administraron medicamentos hace algún tiempo a un paciente por un valor de 800 mil pesos y se les exigió a los parientes que pagaran un servicio de tres enfermeras privadas por valor de 3,500 diarios, como condición para sacarlo de cuidados intensivos, donde se les cobraba alrededor de setenta mil pesos al día.
Los familiares de una señora humilde que murió en ese mismo centro algún tiempo atrás, tuvieron que acudir a todos sus parientes para reunir, en base a aportes de tres y cuatro mil pesos, una considerable suma de seis dígitos para poder enterrarla. En otra clínica privada, una contable de una empresa pequeña debió entregar el título de su pequeña casa en Villa Mella para sacar el cuerpo de su esposo baleado en un asalto a su pulpería meses atrás. Para desgracia nacional, cada vez es mayor la insatisfacción de los grupos menos favorecidos de la sociedad por la mala calidad de los servicios que el Estado está obligado ofrecer a los ciudadanos.
