El contralmirante Sigfrido Pared Pérez, ministro de las Fuerzas Armadas, de nuevo ha concitado la atención con su declaración de que no sean procesados judicialmente los policías que hayan dado muerte a personas sorprendidas agrediendo ciudadanos o que actúen en legítima defensa.
La opinión del ministro concuerda con su línea de pensamiento ante la violencia que sufre la sociedad. Esta declaración se aproxima a otra del 7 de julio de 2013, respecto a los delincuentes que cometen crímenes horribles, contra civiles y los miembros de las instituciones militares y policiales.
Entonces, Pared Pérez dijo que “es preferible 50 delincuentes muertos, que un militar o un policía asesinado”. Dijo que esos delincuentes son “desperdicios sociales” contra los cuales había que actuar con la debida contundencia.
Las palabras fuertes del ministro obviamente se sitúan al margen de la ley, pero son comprensibles ante las angustias que sufrimos todos por el desbordamiento del crimen y la incapacidad de las autoridades para contenerlo. Indignado, igual que el común de los dominicanos, devela la impotencia de un ministro ante el crimen.
Pero vivimos en un Estado de derecho que todavía no ha instituido la pena de muerte, y si eso ocurriere, entonces correspondería a los tribunales aplicarla. Pese al dolor y la irritación de todos, deben prevalecer los medios instituidos por la ley.
Aún en el caso en que un policía intervenga ante flagrante delito, con violencia, y en la circunstancia de actuar en defensa propia, en los términos previstos en los artículos 328 y 329 del Código Penal, debe quedar bajo la norma procesal y en el temperamento del artículo 29 de la ley orgánica 96-04 de la Policía, que regla el uso de las armas. Y en la Jurisprudencia. Es el ministerio público el órgano que debe decidir en primera fase sobre la circunstancia, y si fuese necesario, la justicia.
Lo contrario sería peligroso, en un pueblo no sólo asediado por los delincuentes, sino frecuentemente víctima de excesos y hasta de la complicidad de policías y militares con el crimen organizado.
Pese a esa difícil situación, la ley y el Estado de derecho, deben prevalecer.
