Ordenamiento territorial

El Congreso Nacional ha retomado el conocimiento del proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial. Y en esta nueva fase, distintas organizaciones empresariales han estado pidiendo al Poder Legislativo que debata la propuesta, que la someta a un análisis profundo y que busque un consenso amplio para la versión que finalmente sea convertida en ley.

Las consecutivas exposiciones sectoriales, procedentes de segmentos del sector privado vinculados directamente con el uso de la tierra, parecen reflejar preocupaciones por el resultado final de la propuesta.

El Conep, por sí y por más de medio centenar de empresas y organizaciones afiliadas, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, la Asociación Dominicana de Zonas Francas y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana, han alzado sus voces para pedir diálogo en torno a la iniciativa de ley, reactivada por la Cámara de Diputados.

No está muy claro qué o cuáles aspectos de la iniciativa legislativa están llamando la atención de los denominados sectores productivos. En los diferentes comunicados de prensa que han emitido no los han identificado. Lo que sí está claro es que hay algo que les preocupa, que está creando ruido, nerviosismo o cualquier manifestación de intranquilidad.

El ordenamiento territorial es una norma que el país tiene que adoptar. Es una ley necesaria, fundamental. Los poco más de 48 mil kilómetros cuadrados del país no pueden seguir bajo un esquema de uso de escasa limitación. Los usos de la tierra deben estar claramente delimitados y definidos.

Hace una semana, el alcalde del municipio de Moca, Ángel López, y otras autoridades municipales expresaron que les preocupa que en su demarcación tierras fértiles con vocación agrícola se estén utilizando “para sembrar varilla y cemento”. Argumentaron que esa situación atenta contra la seguridad alimentaria de la población local y regional.

La postura de los ediles mocanos no es única ni nueva. Cada cierto tiempo surgen voces advirtiendo sobre la conversión de tierras cultivables en proyectos inmobiliarios. La situación ha llegado al punto de que algunos asentamientos del IAD han pasado de parcelas a residenciales. La actitud de los representantes del sector privado debería servir para que los congresistas escuchen y produzcan un real ordenamiento del territorio, por ley.

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