No quisiéramos creer que una jueza de un Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal haya emitido irregularmente permisos de salida a más de 50 condenados por tráfico de drogas y sicariato. No tenemos más alternativa que creerlo, pues la Procuraduría General informó que la “jueza interina” Katherine A. Rubio Matos se atrevió a tomar decisiones de ese tipo. Peor aún el dato de que la misma jueza “personalmente” habría acudido a determinadas cárceles a ofrecer dichos permisos. Y que intimidaba a funcionarios de las cárceles. Hay que creerlo, porque la Procuraduría dice que ya han devuelto a los recintos 42 internos beneficiados por la jueza, que sigue suelta. ¿Pero cómo es posible?
¿Y es posible?
No quisiéramos creer que una jueza de un Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal haya emitido irregularmente permisos de salida a más de 50 condenados por tráfico de drogas y sicariato.
