“Sumemos nuestro respaldo al importante matutino El Caribe”, manifestó un comentario al abordar la polémica suscitada por modificaciones a Ley de Divorcio.
En esta edición de Zona Retro, repasamos cómo El Caribe dio seguimiento a la controversia que enfrentó a representantes de la Iglesia católica con los legisladores dominicanos, tras la modificación de la Ley de Divorcio.
La Iglesia cuestiona los cambios a la Ley de Divorcio
La controversia adquirió mayor relevancia en un mes en que el presidente Joaquín Balaguer había declarado, mediante decreto, como el “Mes de la Familia”. Mientras el mandatario promovía la importancia de esta institución, los legisladores dominicanos debatían y aprobaban modificaciones a la Ley 1306-Bis, una decisión que encontró una fuerte resistencia entre representantes de la Iglesia católica, quienes consideraban que las nuevas disposiciones atentaban contra la estabilidad familiar.
El arzobispo coadjutor de Santo Domingo y los obispos de La Vega y de Higüey calificaron la reforma como una agresión a la moral y a los valores de la familia dominicana. Los cambios buscaban facilitar los llamados “divorcios al vapor” para extranjeros y permitir que las mujeres divorciadas pudieran contraer matrimonio nuevamente.
Las críticas no tardaron en hacerse públicas. En declaraciones por separado, monseñor Hugo E. Polanco Brito, José Antonio Flores y Juan F. Pepén manifestaron su rechazo a las modificaciones introducidas por las cámaras legislativas, que también provocaron cuestionamientos en otros sectores de la sociedad.
Monseñor Polanco Brito expresó su pesar por la contradicción que, a su juicio, representaba que, mientras el presidente Balaguer acababa de declarar noviembre como el “Mes de la Familia”, los legisladores estudiaran nuevas disposiciones para facilitar todavía más los divorcios al vapor.
En esa misma línea, monseñor Flores manifestó telefónicamente a El Caribe que reconocer este tipo de divorcios equivalía a respaldar la inmoralidad y contribuir a la destrucción de la familia dominicana.
Por su parte, el obispo de La Vega calificó de vergonzoso que la República Dominicana se prestara a esa práctica por apenas dos o tres dólares. También dejó clara su oposición a cualquier disposición que considerara inmoral o contraria a los valores de la familia dominicana.
Las objeciones de Polanco Brito no se limitaban a las facilidades que contemplaba la reforma. El prelado manifestó su sorpresa ante la introducción de nuevas disposiciones mientras el Movimiento Familiar Cristiano trabajaba en promover una mayor conciencia sobre la importancia de la vida familiar en el país.
A su entender, aunque pudiera argumentarse que la resolución no afectaba directamente a los dominicanos, sus consecuencias terminarían perjudicando la moral de toda la nación.
En declaraciones escritas remitidas a El Caribe, expresó, en nombre de ese sentido moral del que la Iglesia se consideraba intérprete, la indignación de numerosos ciudadanos que lamentaban que tales disposiciones se adoptaran en un país que se preciaba de su condición cristiana.
Roque Adames advierte sobre el daño a la familia
Las críticas también encontraron espacio en la portada del 4 de noviembre, cuando monseñor Roque Adames advirtió que los llamados “divorcios al vapor” contribuirían a fomentar entre los dominicanos el menosprecio hacia la familia.
Adames cuestionó la actuación de los legisladores, al considerar que pretendían ofrecer al país un ejemplo perjudicial para la familia al facilitar la disolución de los matrimonios de extranjeros.
En ese contexto, recordó que ya había expresado su rechazo cuando se presentó por primera vez la legislación sobre los divorcios al vapor. Entonces pronunció una frase que resumía su posición frente a la medida: “No podemos vender nuestra dignidad por un plato de lentejas”.
Para respaldar su argumento, hizo referencia a una revista europea que, según explicó, se refería de manera sarcástica a ciertas «republiquitas» donde se negociaban divorcios por unos cuantos dólares. Aunque no identificó la publicación, señaló que la República Dominicana figuraba entre esos pequeños países convertidos en una especie de establecimientos para tramitar divorcios, situación que atribuyó a la actuación de algunos legisladores.
Sin embargo, aclaró que el mayor perjuicio de esa práctica no estaba precisamente en la imagen que el país proyectaba ante la comunidad internacional, sino en las consecuencias que podía tener para la propia sociedad dominicana.
La controversia también llegó a las emisoras
El debate no quedó limitado a las declaraciones de los representantes religiosos ni a las discusiones en el Congreso Nacional. Las emisoras también se hicieron eco de la controversia y cuestionaron las modificaciones aprobadas a la legislación sobre los divorcios al vapor.
El espacio informativo Radio Reporte, dirigido por el periodista Mario Rivadulla, criticó la decisión del Congreso Nacional y llamó al presidente Joaquín Balaguer a observar y rechazar los cambios aprobados. Para ello, apeló a su trayectoria como ciudadano austero y hombre de principios morales.
En la misma dirección, un comentario difundido por La Voz del Trópico exhortó al mandatario a utilizar toda su influencia, especialmente entre los legisladores del partido oficial, que eran una amplia mayoría en el Congreso, para propiciar una rectificación de la medida y orientar sus esfuerzos hacia iniciativas de mayor provecho para el país.
Las manifestaciones de rechazo también encontraron respaldo en otros comentarios de la prensa nacional. “Unamos nuestra voz a la del importante matutino El Caribe”, expresó uno de ellos al referirse a la situación que se había generado en el país por las modificaciones a la Ley de Divorcio y los cuestionamientos de los sectores religiosos y sociales.
El Episcopado lleva su rechazo a los tribunales
A medida que las críticas ganaban fuerza, el Episcopado Dominicano trasladó su rechazo al ámbito institucional. Entre sus acciones más significativas, solicitó al procurador general de la República retirar los crucifijos de los tribunales donde se pronunciaran los llamados “divorcios al vapor”.
La petición formó parte de un pronunciamiento conjunto, considerado sin precedentes en la historia dominicana, firmado por los obispos de Santiago, La Vega, San Juan de la Maguana y La Altagracia, junto con el arzobispo coadjutor de Santo Domingo. En el documento, los prelados calificaron de “incongruente” la disolución de los vínculos matrimoniales bajo cualquier circunstancia y expresaron su enérgico rechazo a las nuevas disposiciones aprobadas por las cámaras legislativas.
Los religiosos consideraban que las modificaciones atentaban contra la dignidad del matrimonio cristiano, fundamentado en la fidelidad del amor conyugal y en su condición de primera célula de la sociedad. También cuestionaron que la unión matrimonial fuera reducida a una relación de intereses materiales, pues entendían que esto la despojaba de su valor humano y carácter sagrado.
Así, las modificaciones a la Ley 1306-Bis se convirtieron en motivo de una amplia confrontación pública durante los primeros días de noviembre de 1971. Los pronunciamientos de los obispos, las críticas difundidas por las emisoras y las acciones del Episcopado reflejaron el choque entre las nuevas disposiciones legislativas y la concepción religiosa del matrimonio y la familia. l
Autor: Lenin Ramos
