Servio Tulio Castaños Guzmán
Vicepresidente Ejecutivo de FINJUS.
La Junta Central Electoral (JCE) decidió suspender provisionalmente la aplicación del artículo 13 y sus párrafos del Reglamento que regula el registro de las empresas encuestadoras y la publicación de encuestas electorales.
La adopción del reglamento generó una controversia entre diferentes sectores. FINJUS saludó la adopción de esta medida por la JCE, porque la resolución fue cuestionada, en su legalidad y constitucionalidad. Valoramos que esa regulación colocaba a la institución en una posición vulnerable a cuestionamientos, sin que aportara beneficios claros ni para la JCE, ni para los partidos políticos, ni para la sociedad.
Aunque la situación ya fue superada y quedó sin efecto la pugna originada, consideramos que es saludable señalar algunas lecciones aprendidas del debate suscitado y su desenlace.
Ante todo, el episodio muestra que en nuestra sociedad persisten múltiples problemas que requieren ser abordados de manera consistente y sistemática por todos los actores del sistema político dominicano, en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. La ausencia de esta práctica refleja deficiencias y disfuncionalidades que tienden a agravar algunos problemas nodales del sistema político y de la democracia.
Para facilitar este análisis hemos recurrido al Informe sobre Democracia y Desarrollo 2026: Democracias bajo Presión, editado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y que se puso a circular a principios de junio de este año. Trata sobre los retos que en América Latina y El Caribe deben enfrentarse para asegurar la sintonía entre el Estado y nuestras sociedades, para superar los graves problemas que nos acechan en todos los órdenes y especialmente para salvaguardar la democracia.
El informe, que debería ser materia de estudio obligada para todas las instituciones nacionales, contiene una serie de aspectos que son esenciales para comprender y reencaminar los esfuerzos que se realizan en toda América Latina, y especialmente en el país, en el sentido de producir cambios cualitativos en nuestra institucionalidad democrática. Se debe empezar con adoptar un cambio de perspectiva en la discusión y análisis de los graves problemas que subyacen a la falta de credibilidad y la pérdida de confianza ciudadana en la democracia.
Específicamente en el capítulo 10 del informe, en el apartado Reimaginar los futuros de la democracia: Reconectando la democracia, el desarrollo humano y el Estado, se detallan una serie de premisas fundamentales que deberían ser tomadas muy en cuenta por los tomadores de decisión y los actores del sistema político dominicano.
Plantea que debemos partir de la convicción de que, en países como el nuestro, hacen falta ligamentos estratégicos y filtros conceptuales que permitan guiar la acción colectiva en contextos caracterizados por una alta complejidad política institucional, de forma que se incremente la capacidad de procesar los conflictos en un marco de flexibilidad y capacidad de adaptación, que permitan representar, canalizar e institucionalizar las tensiones y demandas sociales pluralistas, para evitar las polarizaciones destructivas o salidas que implican rupturas en el sistema.
En segundo lugar, el Informe sobre Democracia y Desarrollo recalca la importancia de que el Estado continúe trabajado en el reforzamiento de las reglas de juego y los procedimientos democráticos, que permitan la consolidación de las autoridades legítimas que se comprometan a hacer cumplir las leyes de manera imparcial y que provea, en forma equitativa, los servicios públicos y garantías que sirvan de plataforma para que en el marco de la democracia se generen resultados tangibles en el desarrollo humano.
Especial atención le dedica al logro de los objetivos que preserven el núcleo de la democracia, compuesto básicamente por la integridad electoral y la competencia política, que representan la prioridad estratégica de primer orden en toda la región de América Latina y de manera particular en el país.
El Informe alerta sobre un fenómeno que, de manera silente y subrepticia, está presente en muchos países, en la forma de procesos de erosión interna y paulatina de las fortalezas procedimentales de la democracia y que desgastan la confianza de la ciudadanía en las contiendas electorales. Asimismo, subraya que la integridad electoral constituye el núcleo estratégico de la defensa de la democracia, por lo que se deben establecer las garantías del acceso equitativo y la regulación estricta de los recursos electorales, la existencia de reglas claras y estables, que sean conocidas de antemano por todos los competidores, bajo la dirección de autoridades electorales autónomas, independientes, imparciales y técnicamente sólidas para arbitrar los comicios de manera adecuada.
Advierte que en algunos países las mayores amenazas a la democracia no provienen de rupturas constitucionales clásicas o ausencia formal de leyes, sino que se percibe una subversión silenciosa y progresiva del propio sistema democrático, expresado en una pérdida sistemática de la confianza ciudadana.
Otro elemento preocupante en la región es la proliferación de discursos de estigmatización contra las autoridades del sistema electoral y el preocupante avance de la narrativa del negacionismo electoral, que consiste en desacreditar preventivamente a las autoridades y árbitros en los comicios incluso antes de que el proceso finalice.
Somos conscientes de que en este momento la sociedad dominicana está acosada por campañas sistemáticas de desinformación, que incluyen un conjunto de falsas creencias articuladas a las redes sociales. Estamos a tiempo para que los diferentes actores y sectores se coordinen para fortalecer la institucionalidad democrática y la confianza ciudadana.
