Por Ericka Bardot.
Donald Trump iba camino a un acto de campaña en Kansas cuando le preguntaron si le gustaría ver a Delcy Rodríguez y María Corina Machado enfrentarse en unas elecciones presidenciales. “Well, that would be interesting”, respondió. Bueno, eso sería interesante.
“Interesante” se le dice a una serie, a un partido de fútbol, a un concierto o a un experimento. Y menos al derecho de 28 millones de venezolanos a elegir a quien los gobierna, que lleva diez meses en pausa mientras Washington se ocupa de otra cosa: el petróleo.
Casi diez meses después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, su antigua vicepresidenta aún gobierna (por encima de los mandatos constitucionales), Estados Unidos negocia petróleo con ella y la principal dirigente opositora continúa fuera del país.
Hablar ahora de un eventual duelo entre Delcy y Machado sin recordar esos antecedentes permite que el desconocimiento del voto de 2024 desaparezca de la discusión. Una nueva elección podría formar parte de una salida negociada. Exigiría, sin embargo, explicar cómo se repara el mandato vulnerado y qué garantías impedirían repetir el atropello. El chavismo no puede obtener, por haber impedido una alternancia, el privilegio de decidir cuánto debe esperar el país para intentarla otra vez.
El negocio sí tiene fecha
Al acuerdo energético no le faltaron plazos. Fue anunciado a finales de agosto, dura 25 años, cubre 17 campos con unos 65.000 millones de barrels de reservas (cerca del 20 % de las reservas probadas del país) y se propone llegar a 1,5 millones de barriles diarios. La producción ya subió de 924.000 barriles diarios en enero a un promedio de 1,2 millones en lo que va de año.
¿Y cuánto le queda a Venezuela? El economista Francisco Rodríguez calcula que, con el barril a 65 dólares, al país le llegarían unos 19 dólares por barril, es decir, unos 8.400 millones al año. En 2008 Venezuela vendió 82.800 millones de dólares en petróleo. Mientras tanto, los ingresos de esas ventas están bajo custodia del Tesoro estadounidense desde enero, por un monto que no se ha hecho público, y en Zulia hay apagones de más de 12 horas diarias.
Según Reuters, Venezuela exportó en septiembre 1,08 millones de barriles diarios. Estados Unidos recibió 629.000, frente a 553.000 en agosto. Casi seis de cada diez barriles exportados tuvieron destino estadounidense.
La lista que se va encogiendo
El levantamiento de sanciones personales refuerza esa preocupación. La Oficina de Control de Activos Extranjeros retiró a Delcy Rodríguez de su lista el 1 de abril y a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, el 14 de octubre. Ambos habían sido sancionados el 25 de septiembre de 2018, durante la primera presidencia de Trump. Entonces, el Tesoro los identificó como integrantes del círculo que ayudaba a Maduro a consolidar su poder autoritario. Ahora, como por arte de magia, se presentan como los gran “colaboradores”
Y no es el único caso. Dos días después, Suiza levantó las sanciones contra Jorge Arreaza y contra Marleny Contreras, esposa de Diosdado Cabello. El patrón es evidente: no hay un gran anuncio, se van borrando nombres uno por uno, sin condiciones públicas. Por ahora siguen sancionados Cabello y Vladimir Padrino López. La pregunta es cuánto tiempo más, y a cambio de qué.
Un detalle que vale la pena recordar: en 2017, siendo funcionaria de Maduro, Delcy Rodríguez ordenó que Citgo donara 500.000 dólares al comité de investidura de Trump, según los registros de la Comisión Federal Electoral de EE. UU. Hay relaciones que vienen de lejos.
Washington defiende un plan de estabilización, recuperación económica y transición democrática, en ese mismo orden de importancia. El Departamento de Estado hace su parte y sostiene que el diálogo ya impulsa reformas judiciales y legales. “Reconstruir instituciones requiere tiempo” es la excusa perfecta para posponer indefinidamente una elección que parece no convenir a algunos.
La Nobel, en Panamá
Mientras tanto en una versión política del muelle de San Blas, María Corina Machado, está en Panamá desde finales de junio. Quedaría ver si todavía está feliz de haber entregado su premio a Trump en Washington.
Siete veces ha tratado de entrar a su tierra natal, dice ella y los periodistas independientes que la acompañan. El 29 de junio, el gobierno de Rodríguez cerró el espacio aéreo para impedir que aterrizara su vuelo hacia Valencia. En septiembre volvió a intentarlo por mar y por aire, y tampoco pudo entrar. Tiene el pasaporte venezolano vencido y viaja con un pasaporte diplomático que Panamá le dio por razones humanitarias. En marzo, según The New York Times, el propio Trump le recomendó “cortésmente” no regresar todavía.
Machado denuncia que la dejaron fuera de las negociaciones de Caracas. El Departamento de Estado responde que Vente Venezuela fue invitada y que ella “tiene todo el derecho a entrar a su país cuando quiera”. Mientras tanto sigue de entrevista en entrevista y repite que volverá “antes de lo que se imaginan”.
Lo incómodo para todos (en Miraflores y en Washington) es que los números están de su lado. El mismo sondeo de AtlasIntel le da a Machado el 52 % de la intención de voto, frente al 19 % de Rodríguez y el 8 % de Lorenzo Mendoza. Es decir, la “elección interesante” de la que habló Trump tiene un resultado bastante predecible. ¿Quizás por eso nadie tiene prisa por convocarla?
Machado también debe revisar su estrategia. Las entrevistas ayudan a mantener visible la causa venezolana, pero hace falta explicar cómo se convierte esa atención en garantías para volver y competir. La oposición necesita conservar autonomía para exigir resultados a Washington, incluso cuando hacerlo incomode al Gobierno cuyo respaldo ha buscado desde tiempos inmemorables pero que parece ya no convenir a la Casa Blanca.
Todo cambia, nada cambia.
La misión independiente de investigación de la ONU advirtió en septiembre que el aparato represivo seguía intacto, pese a cambios limitados. Reconoció excarcelaciones y una reducción de las detenciones prolongadas por motivos políticos. Esos avances merecen reconocimiento. También muestran el límite de una reforma que libera personas mientras conserva estructuras capaces de perseguir a otras.
Según Foro Penal, al 5 de octubre había 322 presos políticos: 182 civiles y 140 militares, y 170 de ellos sin condena. En enero eran más de 800. Hubo excarcelaciones, sí, pero con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de hablar en público. Desde 2014 se contabilizan 19.253 detenciones por razones políticas, y hoy más de 11.000 personas siguen sometidas a medidas restrictivas. Hay entre 36 y 40 boletas de excarcelación firmadas hace semanas que no se han ejecutado, y unos 60 presos políticos con la salud delicada.
Es una historia repetida el querer convertir ese progreso en una justificación para normalizar las detenciones restantes supondría aceptar que la libertad de algunas personas puede compensar el encierro arbitrario de otras.
La vulneración de derechos también trasciende la persecución política. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el 19 de octubre la muerte de Jaime Alirio Vásquez Saldarriaga, de 68 años, en el antiguo retén de El Marite, en Zulia. Según la organización, padecía VIH y cirrosis. El centro alojaba a más de 1.100 internos pese a tener capacidad para 659.
Este jueves 22, Vente Venezuela convoca a una movilización nacional. Pide tres cosas: un cronograma electoral con elecciones presidenciales en 2027, la libertad de los presos políticos que quedan y el regreso de Machado.
Si lo piensas desde la sociedad civil que no entiende (ni le importa) sobre acuerdos petroleros o negociaciones geopolíticas, no son exigencias radicales, es lo mínimo que se le debe a un país al que le prometieron una transición y le entregaron un contrato a 25 años. La convocatoria recuerda que los venezolanos siguen teniendo demandas propias, aunque las conversaciones internacionales se concentren en otros asuntos.
Para Washington, que Delcy y María Corina se midan en las urnas “sería interesante”. Para los venezolanos es la única forma de que lo ocurrido el 3 de enero sea una liberación y no solo un cambio de administrador.
Negociar con quienes controlan el Estado es necesario para desmontar su control, el pragmatismo de la negociación tampoco puede solapar los peligros que implica la postergación infinita de la voluntad popular. El peligro radica de forma latente en premiar su colaboración económica hasta hacer prescindible su salida democrática.
Una transición necesita compromisos públicos que permitan comprobar el avance y atribuir responsabilidades por los incumplimientos. Los contratos petroleros no deberían obtener más certezas que el derecho a elegir al próximo presidente. Sustituir un dictador por una negociación no es libertad.
