Prestamos Pinceladas al abogado Grimaldi Ruiz, Magister en Ciencias Penales y especialista en procesal penal, quien manifiesta algunas debilidades del proceso que debemos corregir, para beneficio de todos:
No son pocos los casos de denuncias de abogados y procesados sobre fiscales que actúan de manera arbitraria y desmedida en el ejercicio de sus funciones.
Arbitrariedades denunciadas que van desde violentar el plazo de las 48 horas para liberar o someter a arrestados; evitar el contacto “inmediato” entre abogado-cliente; levantar de madrugada a arrestados para interrogarlos sin la presencia de su abogado, o para notificarles supuestos actos; traslados de recintos carcelarios sin aviso previo al arrestado, sus familiares o abogado; no permitir el derecho a la llamada al inicio del arresto; no aportar copias de las pruebas en que sustentan sus peticiones; alterar en audiencia oral el contenido de los escritos; postergar deliberadamente los trámites de libertad; solicitar prisión preventiva contra mujeres embarazadas o personas con enfermedad grave o terminal.
La lista es más larga y con la cual se demuestra un abuso de poder así como negligencia y desconsideración a los ciudadanos. Pero muchas de estas violaciones se realizan en lo oculto, lejos del mediatismo al que acuden a diario para manipular a la opinión pública con un populismo penal repulsivo que en algún momento pasará factura con cargos, recargos, moras e intereses. Por eso, a los fines de equilibrar la balanza, algunos están comenzando a aplicar el mandato del artículo del 20 de la Ley 133-11 y 148 de la Constitución Dominicana en el sentido de perseguir civilmente a los fiscales arbitrarios o que exhiban comportamientos ilegales como los descritos.
Lo peor es que muchas veces se encuentran con jueces que le tiran la toalla a los fines de subsanar las arbitrariedades cometidas. Incluso, algunos han llegado a establecer el supuesto principio de actuación de buena fe del Ministerio Público, denotando que la cuestión se ha vuelto sistemática: un desborde de violencia por parte del propio Estado en contra de sus propios ciudadanos. Ese Leviatán del que nos habla Thomás Hobbes, ha invertido su función y ahora surge como un devorador de los derechos de los ciudadanos que estos cedieron para garantizar seguridad jurídica.
Esto ha generado una especie de aceptación oculta o de “desesperanza aprendida” que genera que solo se reaccione ante los eventos vividos en carne propia y no así para nuestros congéneres: “recordemos las famosas tirillas en los aeropuertos”.
Lo cierto es que, es preciso actuar para evitar caer en aquella frase de Beltrol Brech “…como ya se llevaron a todos los que protestaban, ahora vinieron por mí, y ya no había nadie quien protestara”.
Por eso, hay que repensar el exceso de poderes que actualmente ostenta el Ministerio Público, el cual incluye al menos 3 instituciones distintas (Policía Nacional, INACIF y los centros penitenciarios). De ahí que sea preciso destacar, que la idea de un Ministerio Público independiente debe venir acompañada de la adecuada formación técnica profesional en el respeto de los derechos humanos y las garantías procesales de las partes en el proceso penal como forma de fortalecer la democracia.
