El PIB real había registrado un crecimiento anual promedio de 4.2% durante la década de los 60, donde la derecha conservadora y centro derecha demócrata cristiana se sucedieron en el Poder Ejecutivo. La pobreza se había reducido significativamente entre 1965 y 1970, inducida por el crecimiento, el aumento de los salarios mínimos, la reforma agraria, los programas de construcción de vivienda, hospitales y escuelas, la mayor inversión en educación, la expansión de los servicios de salud y la nacionalización parcial del cobre. Pero aquel seguía siendo un país con una notable inequidad distributiva, mejor que la de Brasil y México, pero peor que la de Argentina. Había que repartir con mayor intensidad las mieles del crecimiento logrado entre 1960 y 1970 durante los gobiernos de Alessandri y Frei Montalva. Para hacerlo, planteaba el discurso popular-socialista, se requería una transformación radical: era necesario sustituir el sistema capitalista vigente por el socialismo. Esa era, en resumen, la propuesta socialista de Salvador Allende y Unidad Popular.
El gobierno de Allende no perdió tiempo y rápidamente fomentó el tránsito desde una economía incipiente y subdesarrollada de mercado, que operaba bajo el modelo de sustitución de importaciones y protección a la industria local, hacia un sistema de economía socialista donde el Estado y los trabajadores asumirían la propiedad, coordinación y operación de las empresas en sectores considerados claves. La decisión del gobierno desató una lucha entre sectores patronales y la derecha, por un lado, y sectores obreros y la izquierda, por el otro. Estos últimos recibían el respaldo del gobierno, el cual se mostraba indeciso entre el camino de la lucha sin tregua contra los dueños del capital y la concertación con ellos y la derecha, para que el tránsito hacia el socialismo se ejecutase en el marco de la ley y la política.
La rápida nacionalización del cobre, iniciada por Frei, y de las minas de carbón, hierro y salitre; la estatización de la banca y de empresas consideradas estratégicas que caerían en lo adelante bajo el “área de propiedad social”; la intensificación de la reforma agraria con la expropiación de 6.7 millones de hectáreas en dos años, equivalente al 40% de la tierra agrícola de Chile, excluyendo las “tomas” ilícitas por parte de campesinos que, sólo en 1971, tomaron más de 500 predios, lo que representó una redistribución neta de riqueza desde los anteriores terratenientes al Estado y los campesinos, estimada entre US$1,200 y US$1,600 millones de 1973, es decir, entre 100% y 130% del PIB; la expansión de derechos de salud y educación; los controles de precios y de cambio; y el establecimiento de comandos coordinadores de trabajadores para apoyar estas iniciativas y eliminar las barreras que pudiesen presentarse, crearon un creciente clima de incertidumbre y preocupación para el sector patronal, los partidos de la derecha y la administración Nixon-Kissinger, inmersa todavía en la Guerra Fría con la URSS. Nada de esto importaba. El éxtasis de la visita de Fidel de 24 días en 1971, estimulaba a los populares-socialistas que veían acercarse a ritmo acelerado una revolución similar a la cubana.
814 fábricas fueron tomadas por los trabajadores entre 1970-1972 bajo la sombrilla de los cordones industriales que se establecieron para asegurar la continuidad del proceso productivo bajo control obrero y la defensa del gobierno socialista de Allende. Los grupos económicos fueron expropiados; cerca de 450 empresas pasaron a ser administradas por el Estado. En 1973, la participación del Estado chileno era de 85% en los sectores minería y financiero, 40% en la industria, 100% en los servicios públicos, y 70% en transporte y comunicaciones. De una participación total de 14.2% en 1965, se había pasado a 39% en 1973. El tránsito hacia el socialismo era firme y evidente.
Los patronos y la derecha, al ponderar sus opciones, concluyeron que el retiro anticipado y forzado del gobierno socialista de la Unidad Popular, era el camino a seguir. Los paros patronales, de los camioneros, las huelgas de trabajadores del cobre, del comercio, de profesionales, las marchas de mujeres de sectores populares con ollas y cacerolas vacías en protestas por el desabastecimiento de harina, pan y aceites comestibles, entre otros, y los altos precios que tenían que pagar en el archipiélago de mercados negros que emergió, fomentaron disrupciones en la cadena de oferta que se tradujeron en caídas de la producción de una serie de bienes y servicios. De nada sirvieron las casi 2,500 Juntas de Abastecimientos y Precios (JAP) o “comités de vigilancia de los consumidores a nivel de los vecindarios” para definir los requerimientos reales por familia de 30 productos, incluyendo aceite, azúcar, arroz, café y carne que las JAP distribuirían en el marco de la inminente política de racionamiento, ni la creación de la estatal Secretaría Nacional de Distribución para evitar la desviación de productos al mercado negro.
Luego de crecer un 8% en 1971, la economía chilena comienza a caer. Durante los casi tres años del gobierno de Allende, el crecimiento anual promedio apenas alcanzó 0.9%. En 1973, el PIB real cayó 5.6% a pesar de que el Gobierno instruyó a sus bancos, en medio de la hiperinflación, prestar a una tasa de 5% a las empresas estatales del “área social”. En septiembre de 1973, la mitad de todo el crédito de los bancos era absorbido por estas empresas. Entre 1970 y 1973, la producción de trigo cayó un 43%, la de arroz un 28%, la de carne de bovinos un 49% y la de ovinos 45%. Hasta los peces y mariscos huyeron de los 6,435 km de costas de la larguirucha “Cuba allende el océano Pacífico”. La captura de pescados y mariscos cayó en 44% entre 1970 y 1973, provocando una baja de 53% en la producción de harina de pescado. Con un PIB promedio por habitante de poco más de US$1,000 en los años 1973-1974, Chile se colocaba en la séptima posición en el ranking latinoamericano, por debajo de Argentina, Uruguay, Venezuela, Brasil, Panamá y Cuba.
La inversión en capital fijo, que había promediado el 20.2% del PIB en el período 1960-1970, cayó estrepitosamente, cerrando en 14.7% en 1973. No era para menos. La creciente incertidumbre sobre los derechos de propiedad que indujo la política oficial de expropiaciones y las tomas de empresas y predios por parte de obreros y campesinos, forzó el escondite de los espíritus animales de los empresarios chilenos y extranjeros.
El déficit del sector público no financiero de 6.7% del PIB en 1970, casi se quintuplicó en 1973, cerrando en 30.5% del PIB. ¿Qué pasó? Los populares-socialistas aumentaron el gasto público total desde 41.3% del PIB en 1970 a un nivel cuasi-escandinavo de 49.4% del PIB en 1973 (56.1% del PIB en 1972). Las empresas privadas expropiadas que pasaron a ser controladas y administradas por el Estado y los obreros comenzaron a perder dinero, lo que obligó al Gobierno de Allende a transferir en 1973 cerca del 9.0% del PIB en forma de subsidios para cubrir sus pérdidas. Los ingresos totales del sector público (tributarios, contribuciones a la seguridad social, ingresos no tributarios por concepto de ventas netas de bienes y servicios, utilidades, otros ingresos y los ingresos netos de capital) pasaron de 34.6% del PIB en 1970 a 18.9% en 1973. Los socialistas populares, ante el gigantesco déficit fiscal, recurrieron al más regresivo de los impuestos, la inflación. La maquinita de imprimir moneda del Banco Central fue puesta a trabajar 24/7, como sugería Lenin para avanzar hacia “una economía sin dinero del comunismo”. A las empresas estatales del “área social” se les pedía que mantuviesen mucha liquidez en caja en medio de la inflación galopante. La relación M1/PIB pasó de 10.2% en 1970 a 21.8% en 1973. Mientras la emisión monetaria creció en 1,766% entre 1970 y 1973, la cantidad total de dinero en circulación aumentó casi 30 veces en ese período.
Como era de esperar, el financiamiento inflacionario del déficit desencadenó una devaluación de 860% del escudo frente al dólar; de un promedio de 11.55 escudos por dólar en 1970, la tasa de cambio saltó a un promedio anual de 110.80 escudos por dólar en 1973. Para contener la devaluación, el Banco Central, controlado por el Ejecutivo, se desprendió del 60% de sus reservas. No las perdió todas, porque en noviembre de 1971, el gobierno de Allende suspendió el servicio de la deuda externa e inició negociaciones para su reprogramación.
El médico socialista había heredado una inflación de 34.9% en 1970. Una oferta de bienes y servicios disminuida por la lucha entre patronos que no querían perder sus empresas y obreros que aspiraban a arrebatárselas por las buenas o por las malas, se encontró con una demanda agregada inflada por aumentos salariales nominales populistas y una liquidez monetaria sin precedentes. Al terminar el año 1973, la inflación alcanzó 606%, aunque algunas entidades estimaron que llegó a 1,000%. Para que se tenga una idea, una camisa que en diciembre de 1972 se vendía en 250 escudos, a finales de 1973 costaba 1,870. Veinte meses después, el prostituido escudo fue sustituido por el peso, a razón de 1,000 escudos por peso.
La propuesta de campaña de los populares-socialistas esbozó un lienzo de progreso y reivindicación para los obreros y los trabajadores. La realidad, sin embargo, resultó ser muy diferente. Mientras los salarios reales aumentaron a una tasa anual promedio de 9.7% entre 1965 y 1970, durante los años de Allende, estos cayeron anualmente a un ritmo de 12.7%. Con relación al salario mínimo real de los obreros (empleados) de 1970, la caída acumulada al tercer trimestre de 1973 era de 50% (68%). En agosto de 1973, antes del golpe militar, el salario mínimo en Chile era de 2,390 escudos, equivalentes a U$32 al mes, uno de los más bajos de la región.
El experimento socialista terminó abruptamente el 11 de septiembre de 1973, cuando el Gobierno de Allende fue depuesto por un golpe militar. Casi 5 décadas después de la terminación, Chile, con altibajos producidos en parte por aciertos y desaciertos en el diseño y ejecución de las políticas públicas basadas en el sentido común y el realismo macroeconómico, ha logrado dejar atrás la mediocridad y convertirse en el país más próspero de la región y el primero en el listado de los candidatos regionales para ingresar en el futuro al club de los países desarrollados.
Mientras en 1973-74 Chile ocupaba el séptimo lugar en el ingreso per-cápita de la América Latina, hoy lidera la región con 26,513 en dólares de paridad de poder adquisitivo. Tiene el salario mínimo más elevado y el menor nivel de pobreza de la región. Mientras en 1973, cerca del 45% de los chilenos vivían con un nivel de hacinamiento entre medio y crítico, en el 2020 estos niveles de hacinamiento apenas afectaban al 4.8% de los chilenos, gracias a los casi 5 millones de viviendas que se construyeron en los últimos 47 años. Mientras en 1973, Chile tenía un vehículo por cada 45 habitantes, hoy día tiene uno por cada 3.6 habitantes. En 1973, el 60% de la población tenía acceso al servicio de electricidad; hoy día, el 99.6% lo tiene. Chile es el país de la región con el mayor consumo per-cápita de electricidad.
Chile tiene la menor deuda pública como porcentaje del PIB y la mejor calificación de riesgo soberano entre todos los países de la América Latina y el Caribe (A, A1, A-). Con la suspensión del servicio de la deuda pública externa a finales de 1971, el enorme déficit en las finanzas públicas en 1972-1973 y la hiperinflación generada por el financiamiento del déficit con emisiones del Banco Central, cualquiera de las calificadoras habría asignado el rating de deuda en “default” (D) en 1972-1973.
En 1973, apenas el 68.6% de los chilenos tenía acceso a agua potable; hoy día, el agua potable llega al 99% de la población. Apenas el 36.5% de los chilenos tenía acceso a alcantarillado en 1973; hoy día casi el 80% tiene. Chile es el país de América Latina con el mayor porcentaje de aguas residuales domésticas tratadas de manera segura, con un 73%, similar a los niveles de países como Irlanda e Islandia.
Sus estudiantes lideran la región en las pruebas PISA y su tasa de analfabetismo de 3%, es la más baja de la región e inferior al 11% de 1973. En 1973 tenía una tasa de mortalidad infantil de 63.4 por cada 1,000 nacidos vivos, mayor que la de Barbados, Jamaica, Trinidad & Tobago, Panamá, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Argentina y Belice. Hoy tiene la menor tasa de mortalidad infantil de la región. Chile tiene el Índice de Desarrollo Humano (0.851) más elevado de la América Latina y el Caribe, con una esperanza de vida de 80.2 años, 16 años más que los 64.2 años de 1973. Hasta la equidad distributiva había estado mejorando en Chile. El Banco Mundial indica que mientras en 1987 Chile tenía un Gini de 0.562, cuarenta años más tarde (2017) lo había reducido a 0.444.
En 1973, Chile tenía un deficitario sistema de seguridad social (pensiones, seguro de invalidez y sobrevivencia, salud y accidentes de trabajo y cesantía), el cual en el segmento de pensiones se basada en el sistema de reparto (PAYG). La cotización obligatoria consolidada que las empresas y los trabajadores realizaban a la seguridad social oscilaba entre 50% y 59% del salario (Arellano, J.P., 1985, Políticas Sociales y Desarrollo; Chile 1924-1984, CIEPLAN). Para el segmento de pensiones, las contribuciones oscilaban entre 19% (obreros) y 25.3% (profesionales) del salario. Como esas cotizaciones resultaban insuficientes, el Estado tenía que realizar aportes directos e indirectos que, en 1973, representaron el 6.0% del PIB, de los cuales 4.0% del PIB correspondían a gastos de pensiones (Cerda, R., 2006, Pensiones en Chile; ¿Qué hubiese ocurrido sin la reforma de 1981?, PUCCh). Hoy día, el sistema de seguridad social de Chile (pensiones, seguro de invalidez y sobrevivencia, salud y accidentes de trabajo y cesantía), con un segmento de pensiones basado en la capitalización individual, opera con cotizaciones obligatorias consolidadas de los trabajadores y las empresas que van desde un 22.7% a un 23.8% del salario, menos de la mitad de las que demandaba el sistema anterior en 1973, de las cuales, para el segmento de pensiones, la cotización es de 10% del salario, menos de la mitad de la que en promedio requería el sistema antiguo de reparto. El aporte del gobierno a la seguridad social se ha reducido de 6.0% a 3.1% del PIB, debido al menor gasto que ha estado representando el antiguo sistema de pensiones, el cual ha descendido desde 4.0% del PIB en 1973 a 1.7% en el 2017. Mientras el sistema de pensiones basado en el reparto acumulaba una deuda implícita equivalente a 126% del PIB, el sistema de capitalización individual, en 2019, antes de los populistas y sucesivos retiros autorizados por el Congreso en 2020 y 2021, tenía un balance acumulado de los fondos de pensiones equivalente a 81% del PIB. ¿Conocía Stiglitz estas métricas antes de opinar sobre las pensiones en Chile?
A pesar de los logros alcanzados por los gobiernos que tuvo Chile durante los últimos 48 años, la mayoría eligió el pasado 19 de diciembre a Gabriel Boric, el candidato a la presidencia por un conjunto de agrupaciones de izquierda encabezadas por el Partido Comunista, para que ejecute las transformaciones que la mayoría de los chilenos desean: las que permitan convertir a Chile en un país con mejor distribución del ingreso y la riqueza y, sobretodo, donde exista una real igualdad de oportunidades y de trato.
Es así como Chile, una vez más, asigna a la izquierda su espacio dentro del ciclo ideológico en que se encuentra atrapado. Uno pensaría que luego del experimento fallido de Allende con un socialismo en franca ruptura con el realismo macroeconómico y el sentido común, el ciclo ideológico de Chile había sido definitivamente quebrado para dar paso a gobiernos sucesivos cuyas políticas públicas respetasen los límites que imponen el sentido común y el realismo macroeconómico. ¡Qué va! Todo parece indicar que los genes de una parte considerable de la población chilena, se acoplan mejor con las promesas y discursos románticos y poéticos de la intelectualidad y los políticos comunistas. No olvidemos que tres de los cuatro grandes poetas de Chile, Vicente Huidobro, Pablo de Rokha y Pablo Neruda, pertenecieron al Partido Comunista de Chile. El capitalismo en Chile, que sepamos, tiene poetas en sus filas. El mercado no tiene quien le escriba.
Quizás a eso se debe que millones de jóvenes chilenos que no sufrieron el desastre económico de 1971-1973, hayan votado a Boric. El riesgo para Chile es enorme. Allende tenía US$394 millones de reservas en el Banco Central en 1970 y un Banco Central dependiente del Ejecutivo para compensar sus desaciertos. Boric dispone no sólo de US$78,525 millones de reservas en el Banco Central sino también, de un balance de fondos de pensiones cercano a US$178,000 millones que llamaría la atención de cualquier gobierno que desee elevar las recaudaciones en 8% del PIB y no pueda. Boric no sólo tiene más oxígeno económico para revivir la cruzada socialista de Allende; tiene a su favor la inexistencia de las murallas que representaban a principios de los 70s, Kissinger como Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército de Chile.
Los aliados más radicales de Boric prometieron que la transformación a ejecutar en Chile comenzaría con una importante repartición de las mieles del crecimiento que se acumularon durante los últimos 48 años que prevaleció el realismo macroeconómico y el sentido común. Boric asumirá la presidencia de Chile con apenas 36 años de edad. Pepe Mujica, alcanzó la presidencia de Uruguay como candidato del Movimiento de Participación Popular (MPP), el cual había sido conformado por organizaciones de izquierda. El 10 de octubre del 2016, mientras era entrevistado en un almuerzo de medios de prensa y televisión, Mujica le confesó a un tocayo dominicano que tenía a su lado que Uruguay se salvó porque él llegó a la presidencia a los 75 años, luego de haberse transformado desde un izquierdista radical ortodoxo a un político pragmático. Señaló que si él hubiese llegado a la presidencia con las ideas que tenía durante los años en que perteneció al Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros, Uruguay se habría jodido. Boric, al seleccionar a Mario Marcel, hasta hace días presidente del Banco Central de Chile, como Ministro de Hacienda, podría estar enviando la señal de que los socialistas-comunistas “no vamos a joder a Chile de nuevo”. Marcel fue un férreo opositor y crítico de los legisladores que autorizaron la erosión de los fondos de pensiones, con retiros que superaron el 21% del PIB en los últimos dos años. No estaría de más que Boric se reúna de nuevo con Mujica, para que este Hombre Sabio del Cono Sur lo dote de pautas sobre cómo lidiar con un gabinete de “macos con cacatas” donde la mayoría no comparte la visión sensata y de realismo macroeconómico de Marcel. Pero también, para que el viejo Pepe le explique que la igualdad de oportunidades que él persigue y debe promover en Chile, no deriva necesariamente en igualdad de resultados (y de ingresos) que es, en definitiva, lo que el mercado termina remunerando.
