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La responsabilidad directa de la Policía Nacional es la prevención, para evitar que se produzcan crímenes y delitos: cuando ocurren, la policía sirve de soporte al ministerio público para investigar para levantar evidencias que prueben responsabilidades, a los fines de sanciones en tribunales penales.

La PN ha desarrollado un cuerpo de investigación que aún tiene resabios para sujetarse al Ministerio Público, pero funciona, y puede mejorar aún más actualizándose con tecnología de última generación. En cambio, su labor propia de prevención es totalmente disfuncional; carece de un personal entrenado, equipado, dotado de los medios y salarios para responder a una estrategia de prevención que garantice a la población realizar todas sus labores en el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

Prevención es acercamiento a la comunidad; esa policía debe manejar las estadísticas y el mapeo del delito, geolocalizado en cuerpos distribuidos entre los habitantes del sector asignado; se relacione con esos habitantes, guardando su distancia, y nutriendo con sus informes las características del sector y la convivencia, para advertir perfiles en riesgos.

Eso no lo puede hacer el personal policial actual: no está estructurado ni formado para un régimen democrático, de respeto a los derechos. El Presidente de la República anunció un plan de seguridad ciudadana y reforma policial, juramentó al señor José (Pepe) Vila del Castillo como Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial, conforme el Decreto 2-22 de fecha 7 de enero pasado, y un Comisión Ejecutiva presidida por el mismo Presidente Abinader y vicepresidente el Ministro de Interior, Chu Vásquez.

Pero luce, como en otras ocasiones, que para el cuerpo policial eso es retórica y en ellos prima la negativa a la reforma por su acentuada cultura de que los “gobernantes son transitorios y en ellos nada cambia”. En el 2005 desde el Ministerio de Interior y Policía, de la mano del entonces presidente Leonel Fernández, se inició un proceso de reforma policial que tomó cuerpo, cuando en su condición autorizó el Plan de Seguridad, por el Decreto No.263-05, de fecha 29 de abril del 2005; luego con el Decreto No. 62-07, de fecha 26/2/2007 el Reglamento para la Policía Auxiliar de la República Dominicana, y el Decreto No. 63-07, que establece el Reglamento para Ascensos de Miembros de la Policía Nacional.

El Reglamento para la Policía Auxilia, define su propósito: “Considerando: Que el Plan de Seguridad Democrática tiene como uno de sus ejes principales la profesionalización de la Policía Nacional, a fin de que desarrolle con eficacia su función de prevención delictiva y garante del ejercicio de los derechos ciudadanos”.

Se trató, como expresa su segundo considerando, de una experiencia exitosa realizada “en algunos países al incorporar a jóvenes estudiantes a labores policiales de cercanía a los ciudadanos”, como respuesta “a la demanda de mayor calidad en los servicios y de mayor acción preventiva en el patrullaje de bajos riesgos”.

El perfil: tener de 18 a 30 años, estudiante universitario, con salud mental, sin antecedentes, con licencia de conducir vehículos, manejo en informática y preferiblemente dominar un segundo idioma. La plantilla curricular la detalla el decreto.

Se entrenaron 7 mil Policías Auxiliares, hubo un vuelco para más, pero el programa fue desmontado al abandonarlo por gobiernos 2012-2020. Ahora puede retomarse para superar disfuncionalidad policial.

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