Constitución 40: Un año después

El pasado 27 de octubre se cumplió un año de la aprobación de la Constitución número 40, llevada a cabo el 27 de octubre de 2024, en la que se modificaron los artículos 81, 166, 167, 171, 178, 179, 209, 268, 274, el artículo 278 como disposición general de la Carta Magna, además, se revisan y agregan 10 disposiciones transitorias.

¿Y qué trajo la Constitución número 40? La reducción del número de representantes que integran la Cámara de Diputados, la unificación de las elecciones y la designación del Procurador General de la República y 7 de los 14 procuradores adjuntos, además, una nueva integración del Consejo Nacional de la Magistratura.

De las modificaciones realizadas, la primera que vimos hacer uso los poderes del Estado fue la designación del Procurador General de la República a través de la nueva composición del Consejo Nacional de la Magistratura, mismo Consejo que se presta a elegir la integración del Tribunal Superior Electoral y la nueva composición de nuestra Suprema Corte de Justicia.

En la República Dominicana es imperante la necesidad de generar una independencia en las actuaciones jurídico-judiciales y que la lealtad a la Constitución y sus principios como instrumentos para la vida en sociedad sea el norte como Patria.

Respecto a la aprobación del artículo 274 que versa sobre el “periodo constitucional de los funcionarios electivos”, el cual, no fue un tema pasivo, con la creación de un nuevo párrafo II que versa: “En caso de vacío en la línea sucesoral del nivel municipal la ley establecerá el mecanismo para llenar las vacantes”, enviando competencia a la ley, cuando exista una vacante que no establece un sustituto a nivel municipal, dicho párrafo podría interpretarse, y así sucedió en la Asamblea Nacional Revisora, como un otorgamiento de facultades a la “Ley”, para llenar un vacío que solo tiene facultad el electorado por voto directo. Sin embargo, por el transitorio séptimo, hasta 2032 no tendremos un panorama claro de los efectos democráticos al poder municipal.

En cuando al transitorio décimo, en cual se prohíbe la reelección del actual Presidente de la República, hay que tomar en cuenta que la prohibición viene dada desde los cimientos de la Constitución del 2010, y que al ser elegido el presidente Luis Abinader bajo el mandato de la modificación constitucional de 2015, tenía prohibido la reelección presidencial; sin embargo con la modificación del 2024 se podría traer a colación el debate sobre la aplicación inmediata de la Constitución y que una nueva Constitución prescribe los efectos jurídicos de la anterior. Sin embargo, como considera Bidart Campos: “La Constitución no es un documento subordinado a la voluntad política de los gobernantes de turno: su fuerza normativa obliga y vincula, y en consecuencia la totalidad del ordenamiento jurídico, es decir, las normas infraconstitucionales y los hechos, actos u omisiones, tanto de autoridades como de particulares, se encuentran compelidos bajo la supremacía constitucional”.

Debemos recordar que la Constitución, como norma fundamental, se encuentra en la cima del ordenamiento jurídico, y el Tribunal Constitucional tiene el mandato de garantizar su supremacía, no de anularla. El Tribunal tiene la potestad de anular todos los actos emanados de los poderes públicos que contravengan la Constitución, sin embargo, ha sido criterio de la Alta Corte declarar la improcedencia de aquellas acciones directas que se encaminen a atacar cualquier articulado propio de la misma Constitución.