El 3 de junio, Jamieson Greer, Representante de Comercio de los EE.UU., incluyó a la República Dominicana entre 60 países que supuestamente elaboran productos mediante el trabajo forzoso, y dijo que había propuesto que a esos países se les impusiera un arancel adicional del 10% o el 12.5%, por la presunta falta de medidas. El día 23 de julio, un mes y 20 días después, EE. UU. impuso el arancel a la RD por no frenar importaciones hechas con trabajo forzoso. Ese mismo 23 de julio, tarde en la noche, salió el decreto 502-26 que ordena a Aduanas y al Ministerio de Trabajo evaluar mercancías sospechosas por trabajo forzoso. ¿Por qué si desde el 3 de junio llegó la advertencia, el decreto apareció luego del “palo da’o”? Huele a descuido.
