“Le cogemos la fundita y no somos reformistas”. Este era un eslogan de la oposición en las últimas décadas del siglo pasado.
Sin embargo, en pleno siglo XXI las funditas se siguen repartiendo y la gente sigue votando por los políticos tradicionales, sobre todo aquellos que aprendieron muy bien la lección del pragmatismo balaguerista. Durante estos días es normal encontrarse con la noticia de que el Plan Social de la Presidencia, el político del “abran paso, abran paso…” o el Congreso con sus 100 millones de pesos, se disponen a repartir cajas de alimentos y bebidas, al más genuino estilo de la Era y de los doce años, cuan si el tiempo político no transcurriera.
Esta práctica forma parte del clientelismo político, con el que ha sido difícil romper en la tradición dominicana. La transacción de caridad por lealtad en la relación entre políticos y electores, está muy arraigada. Se prefiere lidiar con alguien que está dispuesto a comercializar su apoyo que con aquel que pueda ejercer un voto crítico. Por eso la resistencia al cambio, más aún si para realizar favores los políticos disponen de recursos públicos. El Estado está en la obligación de dar asistencia social, pero a través de medios que preserven la dignidad de las personas e impidan el proselitismo político en beneficio de un candidato.
La persistencia del clientelismo tiene dos graves consecuencias para la calidad de la política. Por un lado hace imposible la construcción de ciudadanía, la cual debe ser uno de los principales objetivos del quehacer político. Constituir sujetos de derecho es una responsabilidad del Estado y de la clase política. No obstante, las cajitas navideñas suelen distribuirse de forma humillante y atropellando a la gente. Esto contribuye a hacer de los dominicanos individuos que se aferran a la limosna del político, aunque en nada cambie su vida. Antes que ciudadanos, los dirigentes partidarios prefieren pordioseros a los cuales engatusar en los períodos electorales.
La segunda consecuencia es que la competencia electoral en base a la repartición, hace que la política sea cada vez más costosa. Por lo tanto, se genera una condición de exclusión en la que solo aquellos que cuentan con inagotables fuentes de recursos económicos pueden participar. Esto tiene que cambiar. El gran reto hoy es renovar la política, tanto en el discurso como en la práctica. Su ejercicio debe ser a su vez un proceso de educación cívica que permita formar ciudadanos conscientes de sus derechos. Al mismo tiempo, la política debe ser capaz de cumplir con las expectativas de una sociedad en la que los dominicanos y dominicanas puedan vivir en dignidad.
