Leí La conciencia de las palabras, de Elías Canetti, durante una Feria Internacional del Libro de Guadalajara. El volumen reunía ensayos sobre asuntos y autores diversos: Kafka, Tolstoi, Karl Kraus, Hermann Broch y otros nombres que Canetti examinaba con esa atención de quien sabía que escribir también obliga a responder por lo escrito. Desde entonces me quedó rondando el título, quizá porque contiene una exigencia que nuestra época parece haber olvidado: pensar antes de hablar y asumir las consecuencias de aquello que decimos.
Pienso en los comunicadores, los youtubers y los políticos. Nunca habían dispuesto de tantos medios para dirigirse a tanta gente, y pocas veces habían mostrado tanta indiferencia ante el peso de sus palabras. Se habla para conseguir audiencia, provocar una reacción, destruir una reputación o ganar una elección. La reflexión importa menos que la velocidad. La prudencia parece antigua. El escándalo produce beneficios inmediatos.
Recuerdo entonces a Joaquín Balaguer, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Fueron adversarios severos y representaron proyectos políticos diferentes, pero conocían el valor del lenguaje público. Habían leído, estudiado y comprendido que un dirigente debía ofrecer argumentos. Sus discursos podían dividir opiniones, pero obligaban a pensar. Había detrás de aquellas intervenciones una formación intelectual que hoy resulta menos frecuente entre quienes aspiran a dirigir el Estado.
No pretendo idealizar el pasado. También hubo corrupción, violencia, desigualdad, autoritarismo y abusos. Pero existía una consideración social por la educación, el maestro, el profesional y el conocimiento. Las escuelas representaban para muchas familias la posibilidad concreta de mejorar sus condiciones de vida. Obtener un título universitario requería sacrificios y proporcionaba reconocimiento.
¿Cuándo comenzamos a aceptar lo contrario? ¿En qué momento dejamos de sentir vergüenza ante determinadas conductas? Hoy alguien acusado de apropiarse de recursos públicos puede devolver millones, conseguir el archivo de un expediente y continuar frecuentando restaurantes y reuniones sin recibir una censura social significativa. El dinero recuperado no devuelve automáticamente la confianza perdida, y una decisión judicial tampoco debería impedir el juicio ético de los ciudadanos.
Resulta igualmente inquietante comprobar que un profesional preparado durante años puede recibir una remuneración inferior a la de un político cuya principal capacidad consiste en elogiar al dirigente de turno. Esa inversión de valores desalienta el estudio, premia la obediencia y transmite a los jóvenes una enseñanza equivocada sobre el mérito.
La sociedad del espectáculo ha agravado este problema. Los partidos compiten con plataformas digitales donde la notoriedad puede obtenerse mediante insultos, exageraciones y afirmaciones sin fundamento. Si además las organizaciones políticas renuncian a revisar sus prácticas, seleccionar mejores dirigentes y recuperar una discusión seria sobre el país, dejarán espacio para cualquier figura capaz de convertir el descontento en votos.
No se trata de pedir censura. Una democracia necesita irreverencia, crítica y libertad para incomodar al poder. También necesita distinguir entre libertad e irresponsabilidad. Quien dispone de un micrófono, una cámara o una tribuna puede influir sobre miles de personas. Esa influencia debería obligarlo a verificar, razonar y reconocer un error.
Canetti me hizo pensar que las palabras exigen conciencia. Yo añadiría que también exigen responsabilidad. Una sociedad que tolera la mentira celebra la vulgaridad y disculpa la corrupción termina debilitando sus propias normas de convivencia. Todavía podemos corregir ese rumbo. Pero debemos comenzar por recuperar el respeto por lo que decimos, por lo que hacemos y por aquello que decidimos aceptar.
