No hay que dar muchas vueltas para reconocer que el confinamiento adoptado por la mayoría de los gobiernos del mundo para hacer frente a la pandemia del Covid-19, generó costos económicos enormes a las naciones, traumas considerables a las empresas que dejaron de vender y los trabajadores que perdieron sus empleos y, finalmente, costos políticos para los gobernantes que, forzados por las circunstancias, decretaron los confinamientos.
Sólo organismos vivientes con marcado déficit de neuronas “piensan” que nuestros gobiernos disfrutan cuando solicitan autorizaciones al Poder Legislativo para imponer confinamientos, toques de queda y medidas de distanciamiento social con el objetivo de moderar la propagación de la pandemia. La verdad apunta a otro lado. Son medidas dolorosas y políticamente costosas que ningún gobernante o aspirante a dirigir una nación desea tomar.
Mientras la amargura se adueña del rostro de los gobernantes cada vez que las circunstancias los obligan a adoptar medidas de confinamiento, toque de queda y distanciamiento social, la felicidad lo hace cuando anuncian que lo peor ha pasado, que la pandemia ha cedido y que, en consecuencia, la terminación del confinamiento, el desmantelamiento gradual del toque de queda y la flexibilización del protocolo de distanciamiento social han comenzado. La gente aplaude delirantemente cuando abrimos las compuertas de la socialización represada y restablecemos el modus vivendi transitoriamente dislocado por la pandemia.
El dilema más serio que enfrentan nuestros gobernantes cuando tienen que decidir entre el confinamiento y la apertura, el toque de queda y la libertad de tránsito, y el distanciamiento social y el ¡rumba abierta para baile!, es que la decisión será tomada en un escenario caracterizado por información incompleta. En consecuencia, la posibilidad de equivocarse no es despreciable, como tampoco serían los costos económicos, sociales y políticos que se derivarían de una decisión errada. En el caso del Covid-19, lamentablemente, ningún gobernante puede afirmar que dispone de información completa sobre la dinámica del virus y de su capacidad de mutar y desdoblarse en nuevas y más contagiosas variantes. No lo puede hacer, pues los más reputados expertos mundiales en pandemia son los primeros en advertir que día a día estamos aprendiendo de este virus y que, en consecuencia, no contamos con una carta de ruta precisa para atravesar la tormenta desatada por esta pandemia.
Cuando la ponderación que se otorga a los costos políticos derivados de medidas restrictivas es elevada, los gobernantes tienden a formar filas con el paternalismo libertario. Por eso, en algunos países, el confinamiento ha sido leve y el toque de queda inexistente. No es en este ámbito, sin embargo, donde los gobiernos del mundo han exhibido sus elegantes y políticamente correctos trajes libertarios. Estos han brillado en las galas de la vacunación. A la fecha, ningún gobierno del mundo desarrollado, a pesar de ser la única opción para lograr la inmunidad colectiva en un tiempo razonable al menor costo posible, ha decretado la obligatoriedad de que todos los mayores de 12 años se vacunen. Hasta el momento, la obligatoriedad de la vacuna ha sido impuesta únicamente en Indonesia, Tayikistán y Turkmenistán, pero los gobiernos de esos países no cuentan con suficientes vacunas para inocular a toda la población mayor de 18 años. El Vaticano también ha establecido la obligatoriedad.
La migración del laissez-faire desde el sistema económico al de salud pública, aunque políticamente correcto, apunta a convertirse en el principal responsable del avance lento de los procesos de vacunación en la mayoría de los países del mundo.
Mientras menos avanza la vacunación, más tiempo y espacio damos al virus para que mute y acelere el contagio, poniendo en riesgo no sólo a la población que rechaza ser vacunada, sino también a aquella que, exhibiendo un comportamiento cívico responsable, optó por vacunarse.
Mientras los índices de vacunación son bajos, la presión de los vacunados no es lo suficientemente elevada como para despertar en los gobiernos el necesario Leviatán de Hobbes que actúe para prevenir el caos y la anarquía. Los gobiernos comienzan a sentir esta presión en la medida que los índices de vacunación completa (2 dosis recibidas) se acercan al umbral del 50% de la población. Una vez el índice de vacunación se aproxima a este umbral, los gobernantes comienzan a sentir una presión cada vez más intensa de parte de los vacunados para la generalización del proceso, más aún cuando los indicadores de contagio diario apuntan a una tercera o cuarta oleada, estimuladas por nuevas variantes que parecen no discriminar entre vacunados y no vacunados, pero encuentran en los últimos su caldo de cultivo.
El pasado 12 de julio, Emmanuel Macron, presidente de Francia, estableció el requisito del pasaporte sanitario de vacunación en múltiples lugares públicos. A partir del 21 de julio, el certificado es necesario para entrar en teatros, cines y espacios culturales que reúnan a más de 50 personas, mientras que en agosto esta solicitud fue expandida a bares, restaurantes, centros comerciales y transporte público. Las disposiciones tuvieron una súbita repercusión: más de un millón de pedidos de turnos para vacunación y un récord de inmunizaciones en un solo día, con 792,339 dosis aplicadas. Como era de esperar, las protestas de los anti-vacunas franceses se han dejado sentir en las últimas dos semanas.
Grecia anunció medidas similares el mismo día que lo hizo Macron. A pesar de que la Rusia de Putin está opuesta a la vacunación obligatoria, en junio pasado Moscú ordenó que los cafés, bares y restaurantes solo podrán atender a personas que muestren una prueba de vacunación, de inmunidad o una prueba negativa de coronavirus. En mayo pasado, Arabia Saudita dictaminó que todos los empleados del sector público y privado que deseen asistir a sus lugares de trabajo presenciales deberán estar vacunados. Desde el 1ro. de agosto, solo las personas vacunadas pueden ingresar a edificios y oficinas gubernamentales, privados o educativos y utilizar el transporte público.
Kazajistán anunció el pasado 23 de junio el requisito de estar vacunado o presentar semanalmente pruebas negativas de coronavirus para las personas que trabajen en empresas de más de 20 personas. El gobierno de Fiji decretó la vacunación obligatoria para todos los empleados del sector público y privado. Los empleados públicos que no hayan recibido la primera dosis antes del 15 de agosto entrarán en licencia; en caso de no estar completamente vacunados antes del 1 de noviembre, podrían ser despedidos. Los trabajadores del ámbito privado, en tanto, deberán tener la primera inyección antes del 1 de agosto, con riesgo de multas para las empresas que incumplan. En Pakistán, algunos gobiernos provinciales han adoptado acciones que castigan la falta de vacunación. En Baluchistán, el no vacunado tiene prohibido el ingreso a edificios públicos, la entrada a centros comerciales y el uso del transporte público desde el 1 de julio. En Sind, el funcionario que rechace ser vacunado, no cobra. Y en Punyab, el no vacunado pierde el derecho a comunicarse por telefonía fija o móvil.
En San Francisco, EE.UU., cerca de 35,000 trabajadores de la ciudad se enfrentan a posibles sanciones o despidos si no acceden pronto a la vacunación. En New York, el alcalde Bill de Blasio anunció la semana pasada que en los próximos días todo el que desee ingresar a un restaurante, bar, gimnasio o teatro en New York deberá mostrar la prueba de haber sido vacunado contra el Covid-19. Incluso la mayoría de los equipos de béisbol de Grandes Ligas exigen pruebas de vacunación a los fanáticos antes de ingresar a los estadios.
El nuestro ha sido uno de los gobiernos del mundo que más esfuerzos ha realizado para dotar al país de vacunas, consciente de que sólo así podremos dejar atrás los efectos negativos y traumas considerables provocados por la pandemia del Covid-19. Al 6 de agosto, el 41.4% (53.5%) de la población total (de la población de 12 años o más) había recibido dos dosis de la vacuna. A esa misma fecha, el 11.9% (15.4%) había recibido sólo una dosis. Incluso, el 4.3% (5.6%) había recibido 3 dosis. Si mantenemos el ritmo actual de vacunación, llegaremos al 50% (64.6%) de la población total (de la población de 12 años o más) completamente vacunada el próximo 8 de septiembre. Aunque las métricas lucen muy bien, las mutaciones y variantes del virus nos obligan a acelerar el paso.
Creo que ha llegado el momento de que el gobierno dominicano inicie rápidamente el tránsito desde el paternalismo libertario en materia de vacunación, que ha predominado en la mayoría de los países del mundo, al pragmatismo hobbesiano que ha comenzado a imponerse en algunas geografías, las cuales han entendido que los vacunados somos más y que los derechos y la libertad de los no-vacunados no pueden convertirse en licencia para poner en riesgo la vida de los vacunados, es decir, de aquellos que han cumplido con el deber cívico de vacunarse para protegerse no sólo ellos, sino también a los demás. Si lo permitimos, promovemos el reinado del caos y la apertura. Un poco de Leviatán será necesario para evitar que el gran esfuerzo que ha realizado el gobierno dominicano para obtener las vacunas, sea erosionado por el déficit de civismo y el superávit de ignorancia que afecta a una parte de la población.
