La semana laboral comienza hoy, en virtud del decreto 773-22 que ayer suspendió labores en el territorio nacional en los sectores público y privado.
Se ha hablado mucho sobre la pertinencia o no de la disposición del Ejecutivo, de si un decreto “mata” una ley, pero el presidente Abinader se inspiró en la necesidad de garantizar el “pleno disfrute familiar del merecido asueto de Año Nuevo”; y en evitar por el retorno de los viajeros “el congestionamiento en las principales vías, lo que representaría un riesgo para personas y bienes”.
Quizá objetable sería lo sorpresivo del decreto para “todo el mundo”, porque llegó tarde y obligó a improvisar, ya que las actividades que son propias para un día feriado no pudieron, por la premura, ser reprogramadas. Incluso, llamó la atención que el COE anunciara que no extendería su operativo y que la Digesett hiciera carreteo el domingo.
Habría que medir también en qué medida impactó a las empresas privadas, y si coincidió con la realidad del mercado laboral, cuya informalidad ronda el 55% y en el que el día a día cuenta.
Sin embargo, el tema de los días no laborables y los fines de semana largos siempre ha estado en la boca de economistas que minimizan su efecto negativo, por lo que reiteramos que si algún reparo puede haber con el decreto 773-22 ha sido lo intempestivo.
Tampoco se debería desdeñar en el futuro el peso que tienen el trabajador informal e independiente y la economía de servicios, y que el Estado sea el principal empleador, porque el decreto también arrastró al sector privado.
Lo que se impone ahora es retornar al trabajo, a media capacidad porque el próximo es también fin de semana largo, como el último de este mes, aunque esos dos ya las empresas los tienen de antemano entre sus planes.
Si consuela, no somos el país con más días de fiesta en su calendario, pero debiéramos comenzar a trabajar porque las perspectivas para este año no son halagüeñas.
El FMI vaticina que los riesgos a la baja predominan sobre las perspectivas, tesitura que comparte el Banco Mundial para 2023, que prevé una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y en las economías en desarrollo, a las que podrían causar daños duraderos y con el fantasma de la inflación al acecho.
