Educación presencial

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    El retorno a la docencia presencial se está convirtiendo en un reclamo y anhelo entre muchos padres y tutores.
    Hay aprestos para iniciar acciones legales en reclamo de que el Ministerio de Educación responda a un emplazamiento para que cree e implemente un plan para la reapertura de las escuelas a nivel nacional.

    Las expresiones a favor de volver a las aulas surgen en forma colectiva y también de manera particular. Entidades como Educa y el Colectivo de Padres por la Educación presencial apoyan la docencia presencial. Y en forma individual un gran número de padres están ansiosos por la reapertura de las aulas. Se quejan de situaciones que van desde el tema del aprendizaje en un escenario de limitada capacidad en estructura tecnológica para que los estudiantes reciban clases virtual, hasta el tema del acompañamiento en el aprendizaje, especialmente para los estudiantes más pequeños.

    La parte docente, agrupada en la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), no está de acuerdo con la reapertura de la docencia presencial, por entender que todavía no hay condiciones para impartir docencia en las aulas, con alumnos y profesores presentes.

    Desde que a mediados de marzo del año pasado se detectó la circulación del coronavirus en el país, el modelo de clase presencial fue suspendido. Afectó el final del año escolar 2019-2020 y el inicio del 2020-2021.

    Hay situaciones de la enseñanza virtual, a nivel de básica, especialmente en las zonas rurales y en los barrios carenciados, que no han sido evaluadas, para determinar la calidad del aprendizaje. Se dan quejas de que los alumnos no están “aprendiendo nada”, porque en muchos casos, quienes deben acompañarlos, carecen de la destreza y capacidad necesarias. En ese ambiente el calendario escolar avanza hacia un fin que, de acuerdo a las quejas, luce incierto.

    El pasado lunes, el Colectivo de Padres por la Educación Presencial demandó del Gobierno declarar como un tema prioritario y de interés nacional el retorno a la docencia presencial de forma segura, y presentar un plan de desescalada o ruta crítica con las fechas claras de ejecución, atendiendo a criterios objetivos, demográficos y de especialidad, que garantice opciones de educación híbrida o semipresencial en una primera etapa.

    La petición debería generar al menos una discusión sectorial, convocada por el Estado.

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